Burocracia y paraisos fiscales

El problema de los llamados paraísos fiscales siempre ha estado presente, de manera abierta u oculta en las economías del mundo. Se remiten a países que dan facilidades (por bajar cargas tributarias) para que diversos agentes económicos, (públicos y privados) de cualquier nación tengan inversiones en ellos.

Este hecho ha estado en permanente debate. En los últimos tiempos es parte de la agenda política cotidiana. Sobre él se han dado diversos argumentos, a favor y en contra. Incluso fue motivo de un planteamiento del partido de gobierno y de un plebiscito último.

Sin embargo registros y estudios de la burocracia ecuatoriana que tiene vínculo con estos países y modalidad, han llegado a establecer que entre este segmento de funcionarios del Estado y los paraísos fiscales hay una relación, en unos casos, directa; y en otros, indirecta.

Por datos del SRI se ha establecido que hay 20.288 burócratas del país vinculados a paraísos fiscales. Por eso en una de las reseñas de este diario se señaló que el alto porcentaje de funcionarios con dineros en esas naciones preocupa al gobierno. Incluso según el Director General del SRI, el sector de funcionarios involucrados entre 2015 y 2016, “hicieron transferencias por 14.6 millones de dólares a cuentas ajenas y propias” de esos paraísos.

También la Comisión Legislativa estableció que hay registros de determinadas cantidades que fueron transferidas hacia 52 sociedades extranjeras. Los mayores montos de ese período se hicieron a las repúblicas de Panamá, Luxemburgo, Puerto Rico, Andorra, Chipre. Etc. Incluso se señaló que hay una relación de este sector con los “Panamá papers”. Según estos hay 14 empleados estatales que tienen nexos con estos. Incluso 8 son accionistas de 24 sociedades nacionales y 5 hicieron transferencias por más de 1.3 millones de dólares.

Un legislador señaló que algunos “son de alto nivel y algunos de nivel medio. Todos están en el informe de la Comisión de Justicia sobre el caso”. Sin satanizar o bendecir este vínculo es necesario que el país conozca cuál es la relación que tienen estos funcionarios con los estigmatizados paraísos fiscales. No se trata de sugerir que esas inversiones tienen que ver con aptos de sobornos y corrupción sino de transparentar y sacar a la luz pública sus actuaciones.