Una brecha se abre en Alianza Pais

Se abre una brecha. Un pedido de información de la Asamblea Nacional sigue la pista de las millonarias contrataciones que la CNT fijó con una empresa que aparece en los Papeles de Panamá, según un documento al que Diario EXPRESO tuvo acceso.

La investigación legislativa, que no llega esta vez desde la oposición, apunta a los despachos de tres oficialistas: el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda; el de Telecomunicaciones, Augusto Espín, y el gerente general de CNT, César Regalado.

Esta iniciativa parlamentaria, firmada por nueve representantes de Alianza PAIS, tuvo lugar diez días después de que una denuncia periodística de Fernando Villavicencio pusiera la lupa sobre el pago de 31 millones de dólares a una empresa con domicilio en Chipre por un servicio que otra compañía presupuestó por 5 millones. ¿Existe forma de justificar esta negociación, que encuentra su génesis en la era ministerial del hoy vicepresidente Jorge Glas?

Eso es, precisamente, lo que quieren saber María Alexandra Ocles, Marisol Peñafiel, Ximena Peña, Fausto Cayambe, Gina Godoy, Miguel Carvajal, Mary Verduga, María Alejandra Vicuña y Liliana Guzmán; todos legisladores, todos oficialistas, todos a favor de Lenín Moreno como primera opción en la línea de sucesión, según hicieron saber en entrevistas con este medio.

Y aunque Carvajal y el resto insistan en que “no tiene ninguna relación lo uno con lo otro” y que en el oficialismo “las candidaturas no se mezclan con acciones de fiscalización”, lo cierto es que este pedido de información se diferencia de los 3.957 restantes de la legislatura.

“Es totalmente inusual”, asegura el independiente Oswaldo Larriva, quien hasta hace pocos meses vestía la camiseta verdeflex. “Es la primera vez que se hace una declaración pública, un gesto público para fiscalizar a un alto representante desde el oficialismo. Es una carta a favor de Moreno”, analiza Larriva para quien, sin embargo, la iniciativa podría tener poca efectividad política puertas adentro de un movimiento donde “la decisión final depende del presidente. Yo he estado ahí”.

Es una lectura compartida ampliamente en los pasillos de la Asamblea, donde la facción Moreno suma adeptos conforme el calendario se acerca al 10 de agosto, cuando el partido de Gobierno hará pública su decisión.

Alexandra Ocles, la oficialista que motivó a sus compañeros a discutir el tema y encontró a “algunos dispuestos a firmar” le quita drama a la brecha en PAIS: “No se trata de juzgar a nadie”, dice Ocles, para quien las “dudas sobre estos temas deben ser transparentadas”. Esto no significa que apuntan los dardos contra -como prefiere llamarlo en grabadora: “determinada persona”-. Se trata de un aporte “como miembros de un movimiento para incluso desmentir algunas acusaciones utilizadas por la oposición”. Eso. O reafirmarlas. “Así es”, añade enseguida.

En el mismo sentido se pronunció su coidearia Verduga para quien “no siempre las cabezas saben lo que está pasando. Es más, el pedido que nosotros hacemos es más bien por mandos medios. Pero incluso puede ser saludable para Jorge Glas”, explica la única asambleísta consultada que prefirió no hacer pública su preferencia electoral interna.

Una de sus colegas y firmante de la fiscalización, quien pidió la reserva de su nombre, reconoce que la facción Moreno está en marcha, aunque con cautela. “Lenín nos ha pedido mesura, al menos por ahora. Primero porque debe tomar una decisión, pero también porque vino de visita como delegado de la ONU, no como candidato”, dice.

Faltan dos meses y dos días para que eso pueda cambiar.

Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador