Asedio al acuerdo de paz en Colombia

En 2016 el gobierno de Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz con las FARC, que puso fin a una guerra de 52 años en la que murieron más de 265.000 colombianos y otros siete millones fueron desplazados. El acuerdo, aclamado como un nuevo modelo para la solución de conflictos aparentemente intratables, ahora enfrenta una prueba de una magnitud inédita. Erradicar las raíces de un conflicto tan prolongado sería difícil, y más con la asunción de Iván Duque como presidente de Colombia. Su mentor es el expresidente Álvaro Uribe, némesis política del predecesor inmediato de Duque, Juan M. Santos, arquitecto del acuerdo de paz. Duque ya se ha negado a reconocer pilares fundamentales del acuerdo, comenzando con la condición conferida a las FARC de partido político legítimo, habilitado para participar en elecciones democráticas. También rechaza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nuevo sistema tribunalicio extrajudicial (sobre abusos cometidos por la guerrilla y las organizaciones paramilitares). El poderoso ‘establishment’ conservador de Colombia nunca aceptó el espíritu liberal en que se basa la JEP, tendiente a una justicia de carácter más restaurador que punitivo, que pone a las víctimas (y a la verdad) en primer plano, pero también la posibilidad de que los altos mandos de las FARC no vayan a prisión por sus crímenes. Sin embargo, el Senado de Colombia ha sustraído del ámbito de la JEP a figuras militares, empresariales y políticas de alto rango sospechadas de complot con los paramilitares de derecha. Los senadores sostienen que el Ejército necesita otro tribunal con “jueces imparciales”, en vez de los “izquierdistas” de la JEP. Esto desvirtuó el acuerdo incluso antes de la asunción de Duque. Felizmente, un fallo de la Corte Constitucional impide al presidente cambiar sustancialmente las condiciones del acuerdo de paz. Aun así, Duque puede dificultar su implementación, negando los recursos y la atención política necesarios. Enfrentarse a Uribe, como hizo Santos, supone grandes desafíos. Oficialmente las FARC están desmovilizadas, pero algunos de sus integrantes se han negado a abandonar la lucha y están trabados en una guerra sin cuartel con grupos paramilitares; con el (ELN), milicia marxista, y con bandas criminales que compiten por adueñarse de la economía ilícita de las FARC. La lucha por el control se concentra en alrededor de una cuarta parte de los municipios del país, de los que solo 5 % está bajo control estatal. Las áreas evacuadas por las FARC corren riesgo de nueva inestabilidad (más asesinatos políticos). Intimidados por la violencia, los pequeños terratenientes se ven obligados a malvender a grandes empresas agroindustriales los terrenos usurpados que recuperaron al amparo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (otro pilar del acuerdo). Las áreas a las que están entrando esas empresas incluyen partes de la Amazonía colombiana, bosques vírgenes que corren riesgo de destrucción. El único modo de implementar el acuerdo es reconstruir la abandonada periferia rural colombiana. Debido a la resistencia de intereses económicos arraigados y políticos, hasta ahora solo se ha logrado un 18,5 % de las reformas, leyes y promesas estipuladas por el acuerdo. La presidencia de Duque será juzgada por su voluntad de enfrentar esos intereses y promover el proceso de paz.