Las buenas intenciones de la Asamblea Nacional van a estrellarse en el muro del presupuesto. Ni la ley contra la violencia machista, aprobada aquí hace un año, ni el plan para erradicar los abusos sexuales en el sistema educativo, que el Pleno recomendó fortalecer en la sesión de ayer, tienen quién los financie. Dos informes al respecto conoció este jueves la Asamblea: uno del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, en lo que fue una celebración adelantada del Día de la No Violencia Contra la Mujer, que tendrá lugar este domingo; y otro, el final, de la Comisión Aampetra, constituida para investigar los casos de abuso, acoso y violación en las escuelas. Ambos piden lo que el gobierno de Lenín Moreno, al parecer, no está dispuesto a darles: dinero. Con esto, el Pleno acumuló dos razones más (por si le faltara alguna) para lo que ya parece inevitable: el rechazo de la proforma presupuestaria que se debatirá y votará el martes próximo.

Por el Día de la No Violencia Contra la Mujer hubo invitadas especiales, camisetas lilas, verdes y blancas que los asambleístas se encorsetaron sobre vestidos y corbatas e informe a cargo de Mónica Alemán, presidenta del grupo parlamentario respectivo. Le molestó a la correísta que no hubiera cámaras de televisión para cubrir su discurso. Lo interpretó, como suelen hacer los de su partido, como un signo de desinterés de los medios por lo que de verdad importa. La verdad es que, a juzgar por el contenido de su discurso, poco fue lo que se perdieron los canales: una lista de foros, mesas redondas y talleres organizados por el grupo que preside y que tampoco cambian sustantivamente una realidad penosa.

Lo más importante, una cifra: 657.646 dólares (“de 9 millones presupuestados antes”, dijo Alemán) es todo lo que ha asignado el gobierno al programa de prevención de la violencia machista. “No alcanza ni para cubrir la segunda encuesta nacional que nos están debiendo”, aseguró Virginia Gómez de la Torre, representante de la sociedad civil recibida por el Pleno y a quien apenas sí habrían puesto atención los asambleístas (ocupados como estaban en sacarse selfis con las camisetas) si no fuera porque la presidenta encargada, Viviana Bonilla, les llamó la atención bochornosamente: “Después habrá tiempo para la foto”, les dijo.

En cuanto al informe de los abusos sexuales en el sistema escolar, la presidenta de la Comisión Aampetra, Silvia Salgado, lo presentó como acostumbra: omitiendo cualquier alusión a los responsables a pesar de que, la víspera, la Contraloría señaló claramente a los tres ministros de Educación del correísmo. El principal de ellos, Augusto Espinosa, hoy asambleísta, no se dejó ver por el recinto, quizá para ahorrarse el trago amargo.

Se lo habría dado Raúl Tello (BIN). Fue él quien restregó a oficialistas y correístas la responsabilidad de haber actuado como un solo bloque a la hora de librar a Espinosa de responsabilidades y sanciones. Otros anticorreístas (César Rohon, del PSC, y Washington Paredes, de SUMA) recordaron otro de los aspectos políticos del escándalo de los abusos sexuales: la presencia de la Red de Maestros, el nuevo gremio del magisterio con el cual el correísmo sustituyó a la UNE y que se engrosó, en muchos casos, con personal no calificado y profesores sin el título respectivo.

Lo más importante, otra vez, tuvo que ver con el dinero: las recomendaciones de Aampetra piden recursos para atención de víctimas, contratación de personal especializado, constitución de unidades de peritaje integral en la Fiscalía y unidades exclusivas para el seguimiento judicial de los casos de violencia sexual contra los niños, ampliación de salas de acogida... No está calculado, pero es mucho dinero. Y (la respuesta se sabe de antemano) no hay. Este informe se sometió a votación y recibió el respaldo de 73 asambleístas. Nuevamente, los correístas cerraron filas en torno a Espinosa: se abstuvieron.

Abusos sexuales

La culpa de los ministros

En el escándalo de los abusos sexuales en las escuelas, la responsabilidad de los ministros de Educación no fue poca. Según un informe de Contraloría, la omisión del plan nacional para erradicar los delitos sexuales del sistema educativo, confiado a ellos, es la causa del incremento de los casos.