Asamblea: alguacil alguacilado

No está cumpliendo la Asamblea Nacional en acuerdo con todas las atribuciones y deberes que la Constitución de la República le otorga. Su labor de fiscalización se advierte visiblemente suspendida pese a que el nivel de la corrupción, al decir de la propia función Ejecutiva, es espeluznante.

Que así suceda es grave, puesto que tan dañina omisión mantiene la sospecha de que en el Ecuador sigue reinando la impunidad con la complicidad de los organismos de control, tal cual ocurrió durante la década infame.

Mientras la Asamblea Nacional no fiscalice a todas las funciones del Estado: Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, pese a los avances logrados en libertad de expresión, seguiremos bajo la sensación de que el combate a la corrupción es solo retórico.

Por otra parte, cuando el ministro Pérez denuncia las peticiones de cargos públicos por parte de algunos asambleístas, violando expresas disposiciones constitucionales, la Asamblea Nacional no puede convertirse, por espíritu de cuerpo, en cómplice, profiriendo amenazas contra quien se atreve a denunciar. Debe actuar según el mandato de la Constitución, dando paso a que pierdan su calidad de legisladores todos quienes violaron las reglas del juego.