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Hay quienes hacen de la tenacidad una herramienta de convicción o de amedrentamiento. Esta actitud generalmente contrasta con la naturaleza humana, muy dada a olvidar pronto y preferentemente, los acontecimientos de interés público. ¿Alguien recuerda, asqueado, el significado de tragarse cheques queriendo desaparecer una prueba infamante? ¿Alguien mantiene algún interés por saber el resultado final de la narcovalija? ¿Seguimos condenando la dilapidación en El Aromo? Somos propensos a olvidar todo esto y llenaría el espacio asignado a este artículo rememorando las irregularidades que pasaron al olvido para bien de sus autores. Por ello nuestra alarma al pensar que podría correr la misma suerte el caso de los fusiles AK-47, ligado esta vez a videos cuya autenticidad se debe desentrañar y a expresiones de la cúpula gubernamental que a todas luces serían auténticas. ¡Tenebrosamente auténticas!

Las afirmaciones gubernamentales parten de una premisa falsa: la revolución ciudadana es un bien nacional amenazado por el terrorismo económico y creen por ello ético que se lo combata tomándose la Plaza Grande quiteña y dominando por la fuerza a los supuestos terroristas económicos. El orden que deberían implantar la Policía y las FF. AA. no le satisface al Gobierno y confiaría más en las agrupaciones populares fortalecidas que podemos identificar como paramilitares. Lo que se avecinaría es previsible y cruento: bañarían de sangre la ciudad a cambio de asegurar su permanencia en el poder. Muy lejos están de emular a Bush y a Obama, combatiendo a un terrorismo irracional y genocida que segó miles de vidas en una misma mañana. Acabaron con Osama bin Laden y el mundo civilizado debió sentir alivio. Uribe y Santos acabaron con el terrorista y narcotraficante Raúl Reyes y, pese a los sollozos entrecortados de más de un ecuatoriano, el pueblo colombiano creyó hacer justicia llevando a Santos a la Presidencia.

El Gobierno asevera estar luchando contra el terrorismo económico ¿Qué entendemos por tal? Si aludimos a los grandes y recientes atracos de fondos estatales, ese terrorismo se habría dado en Brasil y Argentina durante las administraciones de Lula (ahora apodado comandante máximo de la corrupción) y los Kirchner, lo que no impediría que nuestra Asamblea Nacional se apreste a condecorar a uno de sus actores.

Este país necesita de inmediatas y oportunas respuestas: ¿dónde o en poder de quién están los fusiles presuntamente donados? ¿Qué uso piensan darles o les están dando? ¿Quiénes dirigen el terrorismo económico y de los que el Gobierno desea librarse organizando represiones populares? ¿Por qué no han sido identificados los supuestos o reales instructores militares, siendo esta una labor que demandaría escasos minutos de elemental inteligencia y tecnología? ¿ Son o no son militantes de las FF. AA.? Y si lo fueran, ¿qué hacían en un supuesto pícnic? ¿Por qué el silencio de las FF. AA.? ¿Es tan grande la soberbia o tan ciega la percepción gubernamental que no admiten que todo cuanto han dicho sobre su plan de crear y fortalecer sus bases populares represivas podría ser calificado de delictivo? ¿No descubren que su arrogancia revolucionaria, sumada al temor de una derrota electoral, acentúa la fractura brutal de la sociedad ecuatoriana? La imagen que damos de nuestro país nos degrada ante el mundo: unos pronostican el fraude en las elecciones próximas, mientras otros advierten las represiones de un pueblo armado contra ciudadanos inermes, para proteger a los ocupantes de Carondelet. Serían sus últimas cartas, evidentemente antidemocráticas.

colaboradores@granasa.com.ec

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