El conflicto interinstitucional, lejos de desaparecer. La Asamblea Nacional aborda este 5 de enero de 2023 en segundo debate el paquete de reformas a varios cuerpos legales sobre seguridad, tema que quedó pendiente el año pasado por la inasistencia de correístas, socialcristianos y sus aliados a la sesión convocada para el efecto.

Con eso, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, quiere despejar las críticas que surgieron en contra de la Asamblea por irse al receso sin aprobar las reformas que en algo pueden ayudar a combatir la creciente inseguridad.

En la propuesta se incluye la creación de un consejo de política criminal, un rediseño de la institucionalidad del sistema nacional de rehabilitación social a nivel del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se establece un tipo agravado con pena de 7 a 10 años y multa de hasta $ 36 mil en casos de extorsión periódica o repetitiva, vacunas, si se ejecutan con amenaza de muerte, lesión o secuestro o desde una prisión, etc.

Por ese tipo de acciones, retrasos y omisiones, el Ejecutivo no descarta que otras propuestas como la reforma al Código de Trabajo ni siquiera lleguen a los asambleístas y sean planteadas directamente a los ciudadanos a través de una consulta popular. Eso está por revivir una pugna que data del año pasado.

“Que lo hagan”, dijo Saquicela, quien aseguró que no están para recibir amenazas de nadie y que quien “miente” en este y otros temas es el Gobierno que ha encontrado en la Asamblea una suerte de chivo expiatorio.

Otro frente que no está dispuesto a soltar el Legislativo es el que tiene con los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron censurados y destituidos en un juicio político que quedó sin efecto por decisión del juez de La Concordia, Ángel Lindao.

En la Asamblea tomaron con beneplácito el plazo que dio la Corte Constitucional para que el CPCCS informe sobre el avance de la designación del representante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el Consejo de la Judicatura.

Como eso aún no se ha cumplido, el presidente de la Asamblea espera que ese sea una causal de destitución, pero para no dejar ni un cabo suelto, Saquicela anunció que la semana entrante apelará la decisión de Lindao ante la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas en donde espera que se revierta el fallo judicial y se deshagan, entre otras cosas, el pedido de disculpas públicas a los consejeros de Participación y pueda retirar la placa que se colocó en una de las paredes del legislativo por exigencia de Lindao.

Bancos

Saquicela dijo ayer que cumplió la disposición del juez Lindao de convocar a una sesión para posesionar a Roberto Romero como superintendente de Bancos y que el hecho de que no haya habido quórum para el efecto se escapa de sus posibilidades. Por eso no tiene en agenda volver a convocar para la posesión.

Leyes

La Asamblea planifica tratar y aprobar no menos de cinco reformas o leyes en el primer mes de 2023. Luego de los cambios en temas de seguridad de hoy lo siguiente sería abordar la Ley de Educación Superior, cuya propuesta fue enviada por el Ejecutivo hace más de un año y se ha unificado con más iniciativas.

Juicios

Este jueves, el pleno de la Asamblea también resolverá si continúa o no con el juicio político en contra de la exministra de Salud del actual Gobierno, Ximena Garzón (más en nota lateral). El siguiente en la lista es el exministro del Interior, Patricio Carrillo, en contra de quien hay cuatro pedidos de juicio político.