La Alianza del Pacifico

La decisión de asistir como observador, y la eventual aceptación del país como Estado Asociado de la Alianza del Pacífico es una noticia que merece ser recibida con beneplácito por los ecuatorianos. En ocasiones anteriores hemos impulsado y respaldado la decisión liderada por el ministro del ramo, al principio con vacilación pero posteriormente con la determinación requerida, de unirse al grupo más significativo y progresista de países latinoamericanos en la búsqueda de la prosperidad.

La decisión del Gobierno tiene el significado adicional de señalar el alejamiento de los experimentos chavistas que surgieron en la década pasada, específicamente de la ALBA, que resultó ser un consorcio de gobernantes que en nombre de la solidaridad regional hallaron la fórmula de intercambio ideal para propiciar negocios de enriquecimiento ilícito. Tal fue el esquema del Sucre, mecanismo corrupto y corruptor, cuyos actores (y los costos incurridos para el país) han quedado olvidados en la penumbra de la impunidad. La desvinculación no es total, pero la señal dada al unirse el país a la Alianza es inequívoca. Ahora lo que queda es terminar de desatar los vínculos con gobiernos divorciados de la democracia que actúan con violencia y represión asesina contra sus propios ciudadanos, y especialmente contra las generaciones de jóvenes que ven sus vidas interrumpidas por las tiranías represoras.

El simbolismo de la Alianza del Pacífico deviene, pues, en el regreso al mundo civilizado. Es ingresar al ámbito de las oportunidades. De las opciones de hacer negocios legítimos. De ampliar las fronteras económicas hacia un mercado con un PIB que cifra los dos trillones de dólares, y que tiene a su haber casi dos tercios de la inversión externa directa. Es aceptar el desafío de ampliar las exportaciones ecuatorianas para mejorar la competitividad nacional y elevar el nivel de vida de los ecuatorianos.

Debemos insistir, no obstante, en que es menester actuar con sentido de urgencia y lograr que el tránsito de un activismo ministerial (que aún da la impresión de ser un gesto aislado) se convierta en política de Estado no sujeta a las particulares preferencias de un determinado funcionario. Esa seguridad la debe dar el propio mandatario, quien debe pronunciarse como jefe de Estado en un tema que nos concierne a todos los ecuatorianos.