Los militares continuaran controlando las cárceles del país, pues son consideradas zonas de seguridad, en medio de un conflicto armado interno.
Los militares continuaran controlando las cárceles del país, pues son consideradas zonas de seguridad, en medio de un conflicto armado interno.Granasa

Acabó el toque de queda en Ecuador: ¿qué sigue ahora? ¿y los militares?

Con el decreto 218, con el que se reconoce la persistencia del conflicto armado interno, el país continuará militarizado

No olvidemos el conflicto armado interno. Si bien el estado de excepción con toque de queda que regía a nivel nacional, decretado el pasado 8 de enero por el presidente Daniel Noboa, terminó a las 23:59 del 7 de abril de 2024, las fuerzas militares continuarán ejecutando acciones para enfrentar al crimen organizado y, entre otras cosas, realizando operativos tácticos junto a la Policía Nacional.  

Esto luego de que el presidente Daniel Noboa emitiera el decreto ejecutivo 218, con el que "reconoce  la  persistencia de un conflicto armado interno en el país" y dispone a las Fuerzas Armadas continuar ejecutando operaciones militares para "prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional". 

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En este decreto también encomendó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas. 

En un comunicado, emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la noche del domingo 7 de abril, el Gobierno de Noboa expuso que también pidió la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros

Además, declaró a los centros de privación de libertad del país como zonas de seguridad, tal como lo hizo ya el pasado 7 de marzo, cuando extendió por 30 días el estado de excepción que comenzó en enero. Este recurso constitucional duró 90 días y fue decretado por "grave conmoción interna". 

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