No habrá, por supuesto, una pregunta sobre la extradición de narcotraficantes en la consulta popular. A los asociados políticos del presidente Daniel Noboa no les gusta ese tema para nada (ya lo torpedearon cuando lo planteó Guillermo Lasso) y está claro que el gobierno vive para complacerlos. O para no indisponerlos, que es lo mismo. 

Tanto es así que tampoco se aborda, en el conjunto de once preguntas enviadas para su aprobación a la Corte Constitucional, el problema central de la vida política del país en tiempos de narcotráfico: la corrupción. En la pregunta 5, por ejemplo, se plantea la posibilidad de que los sentenciados por ciertos delitos no puedan recibir el beneficio de la prelibertad, sino que deban cumplir la totalidad de sus condenas en prisión; pero no se incluye entre esos delitos ninguno de los tipos penales relacionados con la corrupción. Bueno, sí, uno: tráfico de influencias. 

Como para asegurarse de que Danilo Carrera, si llega a caer, no salga. Pero cohecho, peculado, concusión… Esos no. Jorge Glas y los suyos bien pueden dormir tranquilos: si los meten en la cárcel, alguien los sacará. Xavier Jordán, por ejemplo.

En la pregunta 8 se plantea una evaluación de jueces que incluya la auditoría de sus declaraciones patrimoniales: único saludo a la bandera del caso Metástasis en toda la consulta. Por lo demás, las preguntas de Daniel Noboa revelan una compresión exclusivamente policial del problema de la inseguridad que dizque se propone resolver. Como si los ecuatorianos no lleváramos ya tres semanas enterándonos de primera mano, gracias a los chats del mafioso Leandro Norero, sobre cómo los mecanismos de funcionamiento y operación del crimen organizado en el país dependen en gran medida de sus bien aceitadas relaciones políticas. El gobierno no da señales de haber sacado conclusión alguna de lo que estamos viviendo. Y así es como pretende luchar contra la narcopolítica: centrándose nomás en “las primeras cinco letras de esa palabra”.

Y para que todo sea perfecto, la pregunta 11: ¿quiere usted que los casinos, las apuestas, los juegos de azar vuelvan a la legalidad? Vaya sentido de la urgencia, esto es de locos: la consulta que pretende luchar contra el narcoestado termina abriendo una puerta a la actividad más propicia para el lavado de activos. En el gobierno de los conflictos de interés, es imposible no ser sacudido por la cochina duda: ¿de quién es el negocio? ¿Con quién y en qué palco de qué estadio acordó qué cosa el presidente?

Y luego uno se pregunta: ¿cabía esperar algo diferente? Hay algo de fundamentalmente perverso en una consulta popular cuya convocatoria no nace de la urgencia de las preguntas sino de las necesidades del calendario electoral de un precandidato a la presidencia. Porque eso es lo que está organizando Daniel Noboa: un gran acto de promoción electoral con plata pública. Mucha plata pública. Y en nuestra cara. Decidir primero que hay que llamar a una consulta y pasarse, después, dos meses buscando las preguntas es como poner la carreta delante de los bueyes: una aberración. No es extraño que las preguntas resulten superfluas y la consulta, prescindible: una serie de reformas al código penal que bien podría tramitarlas la Asamblea, para algo tienen una alianza de gobernabilidad ahí. Pero, claro, si la Asamblea se hiciera cargo no sería Noboa quien se lleve los aplausos. Y de eso se trata todo. Tiene que ser él quien plantee al país la gran pregunta: ¿quiere usted expulsar venezolanos? ¿Verdad que sí? Para que el país responda enloquecido: ¡Sííí! Vaya con el jovencísimo presidente: un abdalito cualquiera.