Fernando Insua Romero | Y la culpa es de…
Guayaquil no necesita más discursos cruzados ni ver quién tiene la culpa
La reciente ola de violencia en La Bahía de Guayaquil ha dejado al descubierto un problema tan grave como los explosivos: la descoordinación institucional y el espectáculo político. Frente a los hechos, la gobernadora del Guayas, como primera acción, tuvo expresiones que fueron criticadas por romper el clima institucional y actuar en un tono más político que de gestión pública, responsabilizando al Municipio por la seguridad de la zona, al señalar que, al tratarse de un mercado, recae en el cabildo su control. ¿Tiene razón? El Municipio sí debe velar por el orden en el espacio público, fiscalizar el comercio, controlar aglomeraciones y regular el uso del suelo. Pero cuando hablamos de artefactos explosivos, crimen organizado y actos que buscan aterrorizar, el marco cambia: la competencia es del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Porque de esto ya uno no se salva si vive en Daule, Samborondón o Manta: el problema es nacional y nos alcanzará a todos.
El alcalde Aquiles Álvarez hizo lo correcto: convocó públicamente a la gobernadora a trabajar en conjunto. Pero la respuesta fue desalentadora. Primero, desestimó el llamado con ironía -“no tengo tiempo para tardes de té”-, y luego duplicó la apuesta, insistiendo en que el Municipio es responsable de la seguridad en la zona, sin matizar su discurso ni reconocer la necesidad de coordinación. Ambas respuestas, más reactivas que estratégicas, debilitan su rol como delegada del Ejecutivo y ensombrecen cualquier acción que desde la Gobernación se esté ejecutando para sofocar el caos causado por el terrorismo.
En contraste, el ministro de Gobierno, José De la Gasca, planteó una postura más madura: reconoció que la informalidad contribuye al delito, pero enfatizó que la solución requiere unidad entre Gobierno, Municipio y justicia. Dijo que “no todo es patrullaje”, y que la lucha contra el crimen necesita orden urbano, intervención judicial y acción estatal articulada.
Guayaquil no necesita más discursos cruzados ni ver quién tiene la culpa -o el mérito-. En ese afán de tener la respuesta ‘contundente’ o la pelea de ‘titular’, la respuesta al terrorismo se debilita, y el mensaje que reciben los delincuentes es claro: Estamos divididos, aprovechen.