"Vayan y exijan a jueces y fiscales": Comandante policial de El Oro denuncia impunidad

El coronel Renato González, comandante de la Policía Nacional para las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, manifestó su profunda preocupación por la aparente desconexión entre la labor operativa de la institución y las resoluciones de la función judicial. Durante una rueda de prensa, el alto oficial argumentó que los esfuerzos del cuerpo policial se ven neutralizados por decisiones de fiscales y jueces de primera instancia que terminan beneficiando a personas procesadas por graves delitos.

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Resultados versus impunidad

La declaración se dio tras la captura de tres sospechosos vinculados a los recientes ataques con explosivos en Machala. En ese contexto, González exhortó a la ciudadanía a dirigir sus demandas de seguridad hacia el sistema de justicia. “Ya no le pidan más a la Policía Nacional. Créanme que es hasta frustrante los resultados que exponemos aquí día a día. Vayan y exijan a los fiscales y a los jueces que actúen en derecho”, enfatizó.

Para sostener su postura, el uniformado expuso las cifras de la gestión en la zona, que incluyen la incautación de más de 370 armas de fuego, la detención de un millar de ciudadanos por diversas faltas y el decomiso de 1,2 toneladas de cocaína en el Puerto de Bolívar, un cargamento histórico para la localidad. No obstante, advirtió que el impacto de estas acciones se disipa si la administración de justicia no muestra la misma firmeza.

Casos bajo la lupa policial

El comandante cuestionó de forma directa la gestión del fiscal Guido Coronel, detallando tres procesos recientes que la Policía considera irregulares. 

El primero involucra al hermano de alias Sayayín, miembro de la organización Los Choneros en El Oro, detenido por su presunta participación en un asesinato bajo la modalidad de sicariato. Según el oficial, la Fiscalía se allanó a la solicitud de medidas cautelares alternativas presentada por la defensa, una postura que finalmente fue rechazada por el juez de la causa, quien mantuvo la prisión preventiva.

El segundo hecho mencionado corresponde a la detención por presunta extorsión de una creadora de contenido y dos acompañantes. González denunció que las intimidaciones sufridas por la víctima provocaron que esta desistiera de rendir su testimonio anticipado, debilitando el caso.

Finalmente, expuso el proceso contra un ciudadano identificado con el alias de Tuti, capturado con armamento, sustancias sujetas a fiscalización y una radio con frecuencias similares a las policiales; pese a los indicios, el fiscal a cargo emitió un dictamen abstentivo.

Ante este escenario, se confirmó que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior interpusieron una queja formal en Quito en contra del funcionario judicial, con el objetivo de que se agilicen los sumarios administrativos correspondientes.

Coordinación interinstitucional e impunidad

El comandante comentó que la reducción de delitos como la extorsión y el sicariato requiere disminuir los niveles de impunidad y fortalecer la coordinación entre todas las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que también exija rendición de cuentas a los demás actores del sistema de justicia, al considerar que la seguridad es una responsabilidad compartida entre varias instituciones del Estado.