La marca del buen administrador se percibe en tiempos de bonanza, pero más aún en tiempos de adversidad. Considerando los tiempos del Gobierno, la bonanza la administró con el criterio de que perduraría y habría cómo aumentar el gasto y consolidar el poder político manteniendo satisfechos a sus allegados directos y beneficiarios indirectos – fueren personas o empresas, que pudieron hacer el agosto con las oportunidades de negocios que se presentaron. Hoy, como se dice vulgarmente, “se ha virado la torta” y el Gobierno utiliza el gasto como un instrumento para asegurar el buen comportamiento de aquella mitad de la economía que depende de los dispendios estatales.

Se cortan las transferencias a la Flacso y a la Universidad Andina por ser instituciones cuyas cabezas se mostraron críticas del régimen; por no haber podido investir al candidato oficial en el rectorado que dejaba vacante un crítico del Gobierno; y por las opiniones que nacen de investigaciones que han puesto al descubierto las falencias en la política gubernamental. Con ese recorte se produce una economía de gasto de varias decenas de millones, mientras se insiste al mismo tiempo en colocar centenas de millones para un proyecto artificial y de futuro incierto, como lo es Yachay.

Se atropella el derecho y la seguridad jurídica afectando el patrimonio del Issfa con el recorte a fondo del precio pactado en un contrato formalmente concluido, invocando para ello un instrumento de valoración (el avalúo municipal) que es usado para efectos de pago de impuestos, vulnerando los derechos adquiridos. Se pierde así de vista lo de fondo, esto es la discusión respecto de la viabilidad de sostener transferencias de esa magnitud, y la equidad en su distribución, frente a las necesidades y la realidad de los recursos disponibles.

Son dos ejemplos que muestran claramente la falta de visión y serenidad para administrar la adversidad. El Gobierno no puede condenar a nadie por no ahorrar o no ser previsivo, pues el término no consta en su vocabulario. Pretender, finalmente, que la austeridad deba convertirse en un instrumento de coacción es inaceptable mientras continúa la expansión del gasto burocrático y el dispendio entre los clientes favorecidos de la política gubernamental.