La resistencia al control

‘¡Cójanlo!, ¡cójanlo!’, gritaba la multitud en medio de la carrera que emprendía un joven vendedor, seguido de un grupo de municipales. A pocos pasos, el jefe les gritaba que lo dejen mientras elevaba una de sus manos para observar la herida que le había causado el informal, con una botella de vidrio.

Transeúntes y comerciantes de las calles Quito entre Luque y Aguirre, pleno centro comercial de Guayaquil, se mostraron divididos por lo ocurrido. Unos le daban la razón a los municipales y otros al agresor.

Entre epítetos de todo tipo y las invitaciones a los puños, la situación evidenció -más bien- la resistencia que muchos le hacen al control y a las ordenanzas municipales que se encaminan al buen vivir ciudadano.

La agresión que sufrió Luis Ávila, jefe de supervisores del Departamento de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad de Guayaquil, se produjo el pasado 7 de marzo, tras un operativo relámpago que emprendió con EXPRESO, en zonas críticas de la ciudad. ¿La intensión? Conocer de cerca cuáles son las contravenciones municipales que más se cometen en el Puerto Principal y que dan ‘mala vecindad’.

Durante el trayecto, lo que más se evidenció fue el incumplimiento a la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública. Es una de las que más se irrespeta y que, a la postre, genera reacciones violentas cuando se intenta hacer el control.

“Es prohibido ocupar la vía pública con objetos. Ellos (comerciantes, vendedores informales) se creen dueños de la calle, agreden al personal municipal por cumplir nuestras labores... la gente no colabora”, señala Ávila.

Ese día, el funcionario recibió un botellazo por parte de un muchacho que no pasaba los veinte años y que se disgustó porque le incautaron unas botellas de agua, que había dejado en una acera.

“Hay que hacer el control, pero avisen porque todos necesitan trabajar”, decía un comerciante al confesar que desconocía la ordenanza. Otro, alegaba que la gente se alzaba porque estaba “con hambre y chira”. “No hay venta y encima esto (el operativo)”.

Diana González Reyes, comisaria cuarta municipal de Guayaquil, detalla que mensualmente -su despacho- recibe entre cinco a diez denuncias por ‘mala vecindad’, especialmente por el incumplimiento de la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública.

“En la mayoría de los sectores de la ciudad, los moradores ponen puertas, plumas, cadenas... pero más adelante surgen inconvenientes”, indica.

Se alega como excusa la seguridad, lo que es comprensible, dice la funcionaria. Sin embargo, hay ciudadanos que se sienten afectados en su derecho al libre tránsito.

Los sectores con más denuncias de esa naturaleza son: en el sur, Esteros; y en el norte, Alborada, Kennedy y Mucho Lote.

Una vez que tienen una denuncia, las comisarías siguen el procedimiento, según el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), que señala cinco días para contestar los cargos y diez días de prueba. Si se mantiene la inconformidad y el malestar por parte del denunciante, se procede a retirar las puertas o lo que está obstaculizando la vía pública, detalla González. Pero si existe una reincidencia, las sanciones pueden llegar hasta con una multa que va desde el 10 % de un salario básico unificado hasta cien salarios básicos.

Otra de las ordenanzas que se irrespeta en Guayaquil tiene que ver con el ruido por la utilización de altoparlantes. “La mayoría son por iglesias que no controlan el ruido... también por fiestas, talleres de soldadura y los perros”, dice González.

La presencia de vagos y mendigos es otro dolor de cabeza que a diario lidian en la ciudad, como en las calles Luque y Maldonado.

“Esto es de todos los días, la droga, marihuana, vienen de todos lados a fumar aquí... apesta, hacen baño público...”, comenta el morador Rafael Candel.

La denuncia llevó al grupo de Justicia y Vigilancia a limpiar el sitio y a retirar a Freddy, un chambero de 38 años, que decía no tener casa dónde dormir.

Un buen vivir elevado a derecho

El artículo 12 de la Constitución vigente desde 2008 garantiza el derecho al buen vivir. Un concepto bastante amplio que, a decir del exjuez constitucional, Antonio Gagliardo, busca que los ciudadanos vivan de una manera digna, en condiciones óptimas, sin hambre, con techo, que no padezca injusticias ni marginaciones; en síntesis, “que se sienta contento”.

Pero lamentablemente, por desconocimiento de la ley, mucha gente no hace ejercer sus derechos cuando hay una vulneración y que lo puede hacer con una acción de protección.

Según Gagliardo, hace falta además una campaña más agresiva para que la ciudadanía conozca el derecho al buen vivir.