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Rafael Mayor: “Defenderemos los derechos ciudadanos”
Ingeniero comercial, abogado y microempresario. Candidato a asambleísta del distrito tres, por el movimiento Unión Ecuatoriana. Por primera vez incursiona en política porque, dice, quiere que otros ciudadanos sigan sus pasos.

¿Por qué quiere ir usted a la Asamblea?
- Soy un microempresario que ha tomado la decisión de participar como candidato para dar ejemplo a otros de que esta es la única manera de que podamos tener una representación que nos ayude a tener leyes en beneficio de nuestros intereses. Los políticos con experiencia se olvidan de que la motivación inicial es ayudar a resolver los problemas que están sufriendo los diferentes sectores. Quiero ir a representar al sector que más necesita.
- ¿Qué propuestas pretende llevar al legislativo?
- Nosotros vamos a proponer reformas a varias leyes; primero, la Ley de Comunicación porque creemos que existe una restricción de derechos ciudadanos al convertir a la comunicación en un servicio público. También queremos hacer reformas que permitan que los servicios de telecomunicaciones -Internet y telefonía celular- lleguen a todos los ciudadanos, igual que el agua y el fluido eléctrico. Por otro lado, vamos a defender los derechos ciudadanos, que son violentados por muchas instituciones públicas y privadas.
- ¿Tiene alguna propuesta sobre cómo generar empleo?
- Queremos fomentar el crédito para los pequeños empresarios y emprendedores, con una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que contempla el apoyo a las cooperativas y organizaciones, pero no los apoya con lo más importante que es el capital de trabajo. Los bancos no están dando crédito a estos sectores y lo poco que prestan es bajo riesgos mínimos. Cómo no van a poder la CFN, las cooperativas de crédito y los bancos privados crear un paquete de incentivos para el desarrollo del microempresario y para que se formalice el comercio.
- ¿Alguna ley que usted considera que debe ser derogada?
- Las primeras leyes que deben derogarse son las de herencia y de la plusvalía. Quienes defienden su vigencia dicen que los únicos que van a pagar son los ricos, pero eso es falso. Aunque fuera un dólar que tuviera que pagar de impuesto adicional a la plusvalía, eso es ilegal porque ya pagan un impuesto al municipio por obras y después de 20 años, que la propiedad se haya reevaluado por otras circunstancias, tendrá que pagar nuevamente si la vende o la traspasa. Las mejoras y el desarrollo de una ciudad se hacen con los impuestos que ya pagamos todos los ciudadanos.
- ¿Cómo luchará usted contra la corrupción?
- Nosotros queremos comenzar por revisar todas las denuncias que están estancadas en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Sencillamente, no ha existido fiscalización. Ahora, los mismos funcionarios se investigan y después dicen que no se ha encontrado nada.