Puigdemont dejo abierta la puerta a la intervencion
El Gobierno catalán descarta los comicios y deja en manos del Parlamento la decisión final. La incertidumbre se alarga. La oposición implora elecciones.
Los secesionistas catalanes amagaron ayer con que hoy podría producirse una declaración unilateral de independencia tras una jornada en que sus líderes protagonizaron escenarios cambiantes y propiciaron la incertidumbre por sus confusos mensajes.
Mientras, el Gobierno de España defendió restablecer la legalidad perdida por la deriva separatista y se mantuvo dispuesto a adoptar medidas.
El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, vivió una jornada de zozobra, en la que pasó por varias hipótesis, hasta decir finalmente en una comparecencia institucional que no convocará elecciones anticipadas y dejar en manos del Parlamento autonómico la potestad de hacer hoy una declaración unilateral de independencia.
La confusión se mantuvo durante gran parte de la jornada, ya que a mediodía, durante una reunión con su grupo parlamentario, Junts pel Sí (la coalición de gobierno regional formada por los independentistas de centroderecha del PDeCAT y de la izquierda republicana ERC), Puigdemont trasladó el mensaje de que estaba dispuesto a convocar comicios antes de que el Senado español apruebe hoy el decreto por el que el Gobierno central asumirá las competencias de la autonomía.
Entre otras medidas, el decreto del gabinete de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) implica el cese del Gobierno regional catalán, la limitación de los poderes de su Parlamento y la convocatoria de elecciones antes de seis meses.
Es la llamada “vía del artículo 155 de la Constitución” y para evitarla Puigdemont es destinatario estos días de llamamientos para que disuelva la Cámara catalana antes de que el Senado ratifique las medidas del Gobierno central.
La hipótesis es que el líder secesionista podría convocar elecciones regionales para finales de diciembre y renunciar a una declaración unilateral de independencia si el gobierno de Rajoy desiste intervenir la autonomía.
Puigdemont reconoció ante el Parlamento local que por esta misma mañana había “considerado la posibilidad de convocar elecciones”, en un intento de “agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada”, siempre y cuando “se diesen unas garantías que permitiesen celebrarlas con normalidad”, pero -añadió- esas garantías no se han confirmado.
Todo ello mientras cargos electos secesionistas amenazaban con dimisiones para intentar persuadir al presidente Puigdemont de que declare la independencia y el líder catalán era llamado “traidor” por secesionistas en las redes sociales.
Cuando el presidente regional catalán comparecía ante la prensa, en el Senado empezaba la reunión de la comisión que aprobará el dictamen sobre el decreto del Ejecutivo de Rajoy para que el pleno de la Cámara Alta lo apruebe mañana.
El gubernamental PP, que tiene la mayoría en el Senado, propugna el artículo 155, mientras los socialistas (la segunda fuerza) defendían que una eventual convocatoria electoral desde Cataluña deje sin efecto el decreto con medidas para restaurar la legalidad.
En su defensa del decreto, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó su obligación “legal, democrática y política” de asumir competencias de la autonomía de Cataluña para proteger el interés de todos los españoles ante la deriva independentista.
En este contexto, en Barcelona se celebró un pleno del Parlamento regional para analizar su situación y en la apertura del debate el portavoz de Junts pel Sí, Lluis Corominas, dijo que su grupo propondrá en la sesión de hoy “continuar el mandato” del referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre.
Por su parte, la jefa de la oposición catalana, Inés Arrimadas (Ciudadanos, liberales), dijo al presidente Puigdemont en el Parlamento local que “convocar elecciones era una salida digna, democrática y limpia, y usted la ha dejado pasar”, al tiempo que le pidió “rectificar” porque “todavía está a tiempo”.
A la espera de que, mañana, el pleno del Senado y el de la Cámara catalana tomen sus decisiones respectivas, todo apunta a que la incertidumbre se mantendrá hasta el último momento, en medio de la desconfianza recíproca de las dos partes.
Dispuesto a detener la intervención
El Senado español aceptó ayer graduar e incluso detener la intervención del Gobierno central en la autonomía de Cataluña “si cesasen las causas que las motivan”, en referencia a una vuelta a la legalidad constitucional.
Las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución española superaron ayer, en una jornada maratoniana, el penúltimo trámite en el Senado, antes de que hoy sea aprobado en pleno el dictamen final.
