Los procesados en el caso Odebrecht Ecuador están a la espera de los siguientes pasos que buscan probar la asociación ilícita.

Un mes mas para investigar la asociacion

Diana Salazar es la fiscal encargada del caso Odebrecht. Entre otros investigó el caso de corrupción en la FEF.

Un mes más. Ese será el tiempo adicional que recibirá la fiscal Diana Salazar de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para investigar el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita.

Ocurrirá luego de la vinculación de siete personas más al expediente que investiga a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y a otras ocho personas por su supuesta vinculación a la entrega y recepción de coimas de Odebrecht.

Entre los que se busca incorporar al caso hay cuatro exejecutivos de Odebrecht que firmaron contratos con el Estado.

Dos están relacionados con la estatal venezolana Pdvsa y una persona está vinculada con los Panama Papers, el caso difundido el año pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas.

La filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca reveló la creación de empresas en paraísos fiscales para ocultar dinero y evadir impuestos de personalidades de la política, el deporte y otros ámbitos.

Los vinculados salieron del país entre 2015 y 2016, según la información que registra la Fiscalía. La solicitud fue formulada al juez que sustancia la instrucción abierta el 3 de junio. Los nombres ya están incorporados en el sistema de la Función Judicial entre los procesados.

El exfiscal y catedrático universitario Pablo Encalada señala que ese tiempo le permitirá a Salazar practicar más diligencias investigativas que le ayudarán a sostener su acusación de mejor forma.

Añade que cuando la Fiscalía investiga un delito, son varios los elementos con los que al final presentará la acusación. Mientras más tenga, mejor. Reitera que es probable que hagan falta elementos respecto de alguno de los procesados, o no tengan determinado el camino del dinero sobre alguno de ellos.

En la investigación de la fiscal hay varios temas pendientes. Uno de ellos es la recepción de versiones de una treintena de personas que no han acudido al primer llamado.

Para algunos, como el caso de Walter Solís, exministro de Obras Públicas y exsecretario de Senagua, la fiscal ha solicitado ayuda policial en su localización y ubicación. Para Mauricio y Adriana Rivera, el segundo llamado también es bajo prevenciones de ley.

Para otros como Képler Verduga y José Catagua, procesados en el caso, habrá una ampliación de sus testimonios. Ellos fueron citados para el próximo lunes 21 a las 10:00 y 11:00, respectivamente.

También están pendientes los informes periciales de la audiencia reservada que se cumplió el lunes en Criminalística. Los peritos asignados a la práctica de la pericia de los dispositivos, computadoras y teléfonos celulares incautados en los operativos tienen 10 días para la entrega de las transcripciones.

Existe también información contable solicitada a varias entidades financieras que debe continuar llegando a la Fiscalía.

Hay asistencias penales internacionales que están en espera. Una de ellas es el pedido de la Fiscalía a las autoridades de Perú para la recepción de la versión de Carlos Alberto Pareja Cordero. A Reino Unido e Irlanda (Islas Caimán) se dirigirán pedidos de asistencia.

Otro de los pendientes es la recepción de la versión de Rivera, el principal sospechoso del caso. De él la fiscal Diana Salazar dijo en la audiencia que habría recibido alrededor de 13 millones de dólares de Odebrecht por presuntos sobornos.

Indicó, además, que se aprovechó del parentesco con un alto funcionario del Gobierno para hacer supuestas gestiones para Odebrecht. Presunción que Rivera ha negado en varias oportunidades.

Caso Singue

Exministro Pástor dio su versión

Wilson Pástor, exministro de Hidrocarburos y actual embajador del Ecuador en Viena, Austria, dio su versión en la investigación previa por las presuntas irregularidades registradas en la adjudicación del bloque Singue.

Las supuestas responsabilidades se derivan de un informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría remitió a la Fiscalía en las que establece un supuesto perjuicio de 5,2 millones de dólares.

Además de Pástor existen otros 20 investigados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glas.

El exministro Pástor calificó como una ‘infamia’ al informe de Contraloría. En declaraciones a Ecuavisa dijo que tiene “serias dudas de que esto no sea manipulado en contra de todo lo que se hizo antes”.

Uno de los cuestionamientos del informe es la contratación en GenteOil, la beneficiaria de la contratación de Silvana Pástor, hija del exministro. Ahora ella es su representante legal en Ecuador. Pástor dijo que la llamaron después porque es experta en finanzas.

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