Inteligencia descoordinada

El próximo martes, el secretario nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, acudirá a la Asamblea para rendir cuentas sobre la actuación de una entidad que, según la Ley de Seguridad Pública y del Estado (aprobada en septiembre 2009), es la responsable de coordinar las labores de inteligencia externa e interna que permitan advertir sobre las amenazas a la seguridad nacional.

Según expertos, tal como lo publicó ayer este Diario, fueron las labores de inteligencia las que fallaron en la frontera norte (con Colombia) en los últimos diez años por el desmantelamiento de un sistema que dio paso a otro que descuidó la seguridad nacional y priorizó el espionaje político.

En total, la secretaría tiene un presupuesto de cerca de 50 millones de dólares, una parte es fondos reservados, para labores de inteligencia. Unos 300 agentes trabajan en esa entidad que está obligada a rendir cuentas cada tres meses ante la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea. Todas las sesiones fueron calificadas de reservadas.

¿Conocía la Secretaría de Inteligencia de la amenaza del narcoterrorismo en la frontera? ¿Desde cuándo? ¿Qué se hizo para neutralizarlo? ¿Cómo es la coordinación de la Secretaría de Inteligencia con los demás grupos dedicados a estas tareas como son los de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional?

Las anteriores son las preguntas que los asambleístas Fabrizio Villamar (CREO), Héctor Muñoz (SUMA) y Hermuy Calle (Alianza PAIS) pretenden formular a Rommy Vallejo, quien el domingo, un día después del atentado en San Lorenzo, dijo que el sistema de inteligencia venía trabajando y que, por eso, en coordinación con las instituciones, en este caso el Ministerio del Interior, se hicieron las capturas anteriores al atentado.

Hasta el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, dijo que se conocían de movimientos sospechosos en el sector y fue esto lo que llevó al Comando Conjunto a disponer, el 10 de enero, un reforzamiento militar del que, sin embargo, no se enteró, por ejemplo, la Marina ni su Comando de Operaciones Norte, que tiene bajo su responsabilidad el control militar de la provincia de Esmeraldas.

Desde que se promulgó la nueva Ley de Seguridad Pública y se creó la Secretaría de Inteligencia, según fuentes de inteligencia militar que se mantienen en reserva, la de coordinación fue una constante y, por tanto, cada fuerza trabajaba por separado y enviaba sus reportes al director nacional de Inteligencia del Comando Conjunto. Esas funciones las ocupa hoy el general Segundo Vega, quien es el único que mantiene contactos semanales (los jueves) con la Secretaría de Inteligencia.(Esmeraldas)

Desde esa dirección nacional, según conoció este Diario, no hubo ninguna disposición para el personal de inteligencia militar sobre la amenaza del narcoterrorismo antes del atentado de San Lorenzo. Las disposiciones llegaron después de la explosión que dejó 28 heridos y casi 40 casas destruidas y otras más afectadas por la onda expansiva.

Cuatro unidades antiexplosivos tiene el país

Desde cuatro unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, ubicadas en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta, se atiende a todo el territorio nacional de 24 provincias (221 cantones).

Eso es lo que tiene el país para responder a las amenazas de bombas, para lo cual hay establecido un protocolo que incluye, en primer lugar, el desalojo de las personas, el cercamiento del período en riesgo y la búsqueda del material, con equipos y canes amaestrados.

La Policía prefiere no revelar cuántos expertos, equipos y canes amaestrados integran estos grupos especializados en desactivación de bombas que pertenecen al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que ponen en prácticas sus habilidades cada vez que hay una amenaza, en algún lugar del país.

En Guayaquil, en las unidades judiciales, es donde más falsas amenazas de bombas se han recibido en los últimos meses.

Una parte de estos especialistas en el manejo de explosivos, acompañados de personal de criminalística, fueron los primeros en llegar el sábado al explotado edificio policial de San Lorenzo .

Según un experto (pidió omitir su hombre), cercar el lugar es el primer paso. Después de eso se busca y se recolecta todo lo que consideren que puede ayudar primero a establecer el tipo de explosivo y que sean pistas para seguir.