La Estatal ignora quien alquila los puestos a los vendedores
El rector de la Universidad de Guayaquil anuncia un desalojo de los informales. Un grupo acepta que no paga arriendo; otros, que lo hacen a administradores.
Cuando alguien recorre las instalaciones de la Universidad de Guayaquil se encuentra con una centena de negocios que van desde la venta de caramelos y recargas para teléfonos celulares, hasta el expendio de comida en tarrinas al aire libre o en pequeños locales que han sido acondicionados como comedores. Pero, la mayoría de ellos son considerados informales por la nueva administración.
Así lo advierte Roberto Passailaigue, rector de la universidad y presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI), quien señala que desde octubre del 2018 (tiempo que tiene la intervención), no se ha concedido autorizaciones o permiso a ninguna persona para que utilice los predios en actos personales o de comercio.
“Por tal motivo, si alguien les hubiera otorgado algún documento para el uso de las instalaciones universitarias, es ilegal y deberá desalojar el lugar que se encuentra invadiendo”, recalca el rector, quien ha dado un plazo de 48 horas para que presenten en la Dirección Administrativa el justificativo correspondiente que acredite la legalidad del uso del predio. De no hacerlo, serán desalojados.
Esta situación preocupa a varios vendedores, especialmente a quienes trabajan debajo de carpas, carretillas o cerramientos aledaños a las unidades académicas. Aunque algunos aseguran estar agremiados en una asociación, reconocen que desde hace tres años no cancelan ningún rubro por el uso de los predios universitarios, ya que les informaron que debían hacerlo luego de un censo que nunca se realizó.
“Hemos gastado tres mil dólares en la confección de quioscos metálicos que todavía no podemos instalar, porque aún no se nos reubica ni se nos entrega el permiso legal para funcionar, según lo prometido por administraciones anteriores”, manifiesta una vendedora.
Mientras que otros vendedores confiesan que no han cancelado sus cánones de arrendamiento en la administración de la universidad, pero sí lo han hecho ante administradores de cada facultad que les permitieron instalar el negocio.
“Yo entrego cada mes cien dólares al administrador de la facultad, pero nunca me dan ningún recibo de aquello”, dijo la dueña de un restaurante que funciona desde hace un año en los predios de la Facultad de Ciencias Matemáticas.
Passailaigue conminó a los vendedores informales a que presenten las denuncias penales respectivas ante las autoridades pertinentes, en contra de las personas que les hubieran otorgado documentos ilegales de funcionamiento a cambio de honorarios o dinero.
