La ejemplaridad publica

Las reacciones generadas por el conocimiento público de los denominados Panamá Papers son múltiples y de diverso tono. Que así ocurra deriva de las contradicciones propias de los distintos intereses involucrados. Por eso, era de esperar que una de las primeras reacciones del Gobierno panameño sea la de protestar por denominar con el nombre de su país a los documentos que una prolongada investigación periodística ha permitido conocer.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano, en la voz del primer mandatario, ha insistido en advertir que revisará los más de 10,5 millones de documentos que son producto de la masiva filtración que involucra depósitos pertenecientes a ecuatorianos por un valor de $ 2.206 millones, agregando: “Verán todas las maravillas que van a salir. Los ecuatorianos sabrán los nombres de las personas que tienen sus propiedades y sus empresas fantasmas en paraísos fiscales”.

Simultáneamente, y desde España, donde ahora se encuentra el fiscal general del Estado aceptando que tiene una empresa registrada en Panamá, acota: “Madrigal no tiene actividad económica. Solo es propietaria del inmueble por el que me mencionan en los Panamá Papers.”

Queda claro que el fiscal no comparte el criterio del presidente en cuanto a la valoración del hecho de tener sus propiedades (o empresas fantasmas) en paraísos fiscales.

En cualquier caso, es de esperar que al respecto, el fiscal Chiriboga manifieste una mayor sensibilidad respecto a las restricciones a que, aun sin constar como un mandato específico de la ley, debe someterse un funcionario público de la jerarquía que él ostenta.

Conocidos son los condicionamientos que para diversas actividades, tanto públicas como privadas, constan en la Constitución de la República y en las respectivas leyes, procurando evitar la generación de los genéricamente denominados conflictos de interés.

Igualmente es frecuente, en ánimo de fortalecer la institucionalidad democrática, que se abogue por el robustecimiento de lo que se conoce como ejemplaridad pública.

Acogiendo aquello de que “la mujer del César no solo debe de ser honrada sino también parecerlo” es imperativo que, especialmente los funcionarios, induzcan en el común de los ciudadanos aquellos comportamientos que se juzgan más adecuados para fomentar convivencia, predicándolos con su ejemplo.