Una tercera carta de confirmación de que Julian Assange no será enviado a un país que le pueda aplicar la pena de muerte fue, entre otras, de las razones que impulsó al gobierno ecuatoriano a retirar el asilo del australiano.

La última misiva llegó el 3 de abril pasado, ocho días antes de que el presidente Lenín Moreno calificara como “insostenible e inviable” la permanencia de Assange por lo que debía dar por finalizado el asilo diplomático para el fundador del portal de filtraciones WikiLeaks.

En la carta que la Embajada británica envió a sus pares ecuatorianos señala que “el Gobierno de Su Majestad confirma que la extradición de una persona desde el Reino Unido no puede ser ordenada a donde la pena de muerte pueda ser llevada a cabo o a donde pueda ser sujeto a castigos o trato degradante”.

Esta no es la primera comunicación que Ecuador recibe en este sentido. El 7 de marzo de 2018, Reino Unido dio una respuesta similar ante el requerimiento de Quito y en agosto del mismo año se ratificó en lo escrito cinco meses antes.

Tras su detención por la policía británica, Assange fue encontrado culpable de haber violado la libertad condicional y no acudir a las citaciones judiciales desde hace 7 años por un caso de violación que se investiga en su contra en Suecia.

La sentencia por este delito se conocerá en los próximos días y podría ser de 12 meses de prisión. Actualmente, Assange se encuentra detenido en la prisión de Belmarsh, en el sureste de Londres.

El 2 de mayo deberá presentarse a otra audiencia en la que se analizará el pedido de extradición de Estados Unidos que lo acusa de “conspirar para infiltrarse” en los sistemas informáticos de ese país. Este cargo podría tener hasta una condena de cinco años de prisión y este caso es el que más preocupa a los defensores de Assange.

El gobierno de Moreno escribió en un comunicado que se hizo público esta mañana que actuó conforme al derecho internacional, las leyes nacionales y el respecto absoluto a los derechos humanos del australiano.