El debate legislativo mima poco a las madres

Lo primero que viene a la mente al hablar de madres es una larga lista de sentimientos, recuerdos y anécdotas. Ninguno pensará en citar leyes o artículos en debate. Las madres, cuyo día internacional coincide en este año con la posesión de la nueva Asamblea Nacional de Ecuador, son poco consentidas en el debate legislativo. Hablar exclusivamente de ellas en los hemiciclos parlamentarios de la región va en extremos.

Empezando por Ecuador, de acuerdo a registros de la Asamblea Nacional en su página web, existe un solo proyecto de ley dirigido específicamente a favor de las mamás. Es el proyecto de Ley de Protección y Asistencia a Madres Adolescentes que desde julio de 2012 aguarda en los archivos de la Comisión de Derechos de la Salud a ser desempolvado para su primer debate. En Perú, el panorama es igual. En Colombia y Chile existen dos proyectos; y en Brasil, cuatro.

El extremo en el Cono Sur está en el parlamento argentino que debate 18 leyes a favor exclusivamente de ellas. Licencias para madres trabajadoras con hijos con discapacidad, reparaciones económicas para los hijos cuyas progenitoras fueron asesinadas por violencia de género o terrorismo, son solo un par de temas.

Hablar de madres en Ecuador es referirse a un poco más de 3,7 millones de mujeres a nivel nacional cuyas preocupaciones prioritarias son la salud, el acceso al trabajo y el nivel de violencia, según la activista por los derechos de las mujeres y miembro del Movimiento de Mujeres, Anunziatta Valdez.

El marco legislativo en el camino a reducir esas tres principales preocupaciones es solo un paso. Lo importante es el cumplimiento y los resultados de las leyes existentes que, para la también exdiputada, aún no son efectivos. Cita como ejemplo el femicidio que, a su criterio, no cuenta con una política efectiva “porque no se ha visto una disminución de la violencia contra la mujer, sino un incremento”.

Entre enero hasta la última semana de abril del presente año, la estadística oficial registra 44 casos de femicidio, más del 50 % del total contabilizado el año anterior, 80 casos. Y desde la entrada en vigencia de este tipo penal en agosto de 2014 hasta inicios de 2017, el sistema judicial ha emitido 44 sentencias por este delito.

Es precisamente este tema, la violencia, el que para Valdez tiene menos atención legislativa por los efectos en el grado de vulneración de derechos. “Las leyes se miden por resultado. Aunque el Gobierno Nacional y algunas asambleístas digan que han legislado a favor de las mujeres y las madres, eso no se ve en la práctica”.

La ahora exasambleísta del movimiento PAIS, Gina Godoy, reconoce que la creación en el papel de estos tipos penales como el femicidio, la violencia psicológica y otros, no cambian la conducta de los agresores, pero sí le envían un mensaje a la sociedad.

Godoy no concuerda con la lectura de la activista por las mujeres. Destaca el reconocimiento de las trabajadoras domésticas remuneradas y no remuneradas, muchas de ellas madres de familia, como beneficiarias del sistema de seguridad social. Valdez también lo reconoce, pero pone el dedo en la escasa capacidad al acceso a la cobertura de salud del Seguro Social por la “sobredimensión” de sus afiliados frente a la infraestructura y personal.

El debate no para. Continuará en la nueva Asamblea Nacional y una de sus integrantes, Poly Ugarte, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero delinea el camino de la discusión a favor de las madres: la nutrición desde la gestación, ser más enérgicos con el femicidio y una atención efectiva en salud para las progenitoras con énfasis en la lucha contra el cáncer de mama y su prevención.

Valdez suma a la lista el incentivo de políticas de empleo para dar opciones de trabajo independiente a las madres. Además de una legislación efectiva en el área de prevención y atención a la violencia y un efectivo acceso a una salud de calidad.

Mientras que Godoy apuesta a lo pendiente y nuevo en la Asamblea. Nombra un proyecto de reforma al Código Integral Penal recién presentado para que los jueces especializados de violencia atiendan también la violencia patrimonial y el femicidio. Otro para crear un sistema general de cuidados y otro para la optimización de las licencias maternas y paternas.

Fallo constitucional agilizará el proceso

La Corte Constitucional emitió en esta semana un fallo favorable para las mujeres y madres. La demanda planteada por varias mujeres logró que el máximo órgano constitucional ordenara a la Asamblea Nacional la redacción de un proceso más ágil y expedito en el tratamiento y sanción de delitos de violencia intrafamiliar, sexuales, crímenes de odio contra grupos vulnerables.

La activista Anunziatta Valdez, una de las demandantes de la inconstitucionalidad, explicó que el Código Integral Penal violenta el artículo 81 de la Constitución que ordena la redacción de trámites especiales y expeditos para el juzgamiento de algunos delitos, entre ellos, el de la violencia intrafamiliar.

La exlegisladora Gina Godoy reconoce que cuando el Pleno Legislativo debatió el Código Integral Penal, no encontró un mecanismo ni forma para reducir el procedimiento, sin embargo creó 48 reglas que hacen que el tratamiento general de esos delitos sea diferente cuando se trata de víctimas de violencia de género.

El fallo que emite la Corte Constitucional le plantea a la Asamblea Nacional el plazo de un año para aprobar las modificaciones y crear un proceso rápido. AAE