Criterios divididos entre vecinos de casas colectivas

Con cierto recelo, Cristina (nombre ficticio) observaba desde la ventana de su hogar la visita que hicieron la mañana de ayer delegados de organizaciones sociales y de los derechos humanos a las familias de las casas colectivas de las calles Gómez Rendón y José Mascote.

Dice que vive en el sector desde cuatro décadas y asegura que en los últimos años “el barrio se dañó por la presencia de drogadictos y delincuentes”.

Ella está de acuerdo con la reubicación de las familias que habitan en los bloques, para que en dicho espacio se construya un hospital, como proyecta el Gobierno Nacional.

Igual comentario comparte una de sus vecinas, quien reservó su nombre “para evitar represalias”. La adulta mayor afirma que con la presencia de la policía nacional “retornó en cierta manera la tranquilidad y se redujeron los delitos”.

Eduardo Romero, quien a media cuadra tiene un taller mecánico, indicó que al menos su negocio no ha resultado afectado, pues “el barrio es tranquilo”.

“Será decisión del Gobierno si cumple o no con la reubicación; así como la posible construcción de un hospital o parque”, opinó.

Mario Calderón, quien trabaja en la zona, señala que “como cualquier barrio, hay cosas buenas y malas”.

Opina que antes de pensar en negativo, las autoridades deberían buscar mecanismos que favorezcan a la colectividad, de lo contrario muchas familias quedarán en la calle y las obligarán a delinquir.

En las inmediaciones de las casas colectivas se destaca la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, así como talleres mecánicos, bazares y pequeños comedores.

JUDICIAL

Una demanda internacional

El Tribunal Internacional del Desalojo acogió una demanda a favor de las familias de las casas colectivas. Así lo anunció Patricia Sánchez, delegada de la red Alianza Internacional del Habitante.

Sánchez y otros delegados de organizaciones recorrieron el sector para ratificar el respaldo a los posibles desalojados. Además informaron sobre los recursos judiciales que recurrirán para evitar la medida.

Billy Navarrete, de los Derechos Humanos, cuestionó al Gobierno por no buscar opciones que favorezcan a las familias.

Opinó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debió investigar la actuación de anteriores funcionarios por no preocuparse en el cobro de los arriendos.

Dirigentes insistieron en la recuperación de los bloques por ser un patrimonio arquitectónico.

FRASES

- “La presencia de sujetos que frecuentan las casas colectivas afectan su imagen. Si hay la intención de recuperar ese sitio debería iniciarse con una exhaustiva investigación y desalojar a los malos inquilinos”.

Carlos Guerra

- “Hubo momentos en que la situación se salió de las manos, pero ahora con el pedido de desalojo como que hay cierta calma. Eso significa que podría mejorarse. Hay que pensar en las familias que en verdad necesitan de un techo”.

María Posligua

- “Hay ciertos inquilinos que se creen dueños del sector y hacen lo que quiera. Hay ocasiones que no podemos dormir por el ruido. También hay individuos que llegan a consumir drogas. Se debe investigar”.

Nancy N.