Crisis en la seguridad social

Ampliamente garantista, consagra la Constitución ecuatoriana que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado”. La Carta Magna la concibe sometida a principios fundamentales pero lo que menos se ha hecho es respetarlos. La transparencia, por ejemplo, todavía es una aspiración que, tal cual ocurre con las cifras de la deuda, fue cubierta por un manto de interesado secreto. Ello, obviamente, ha dado lugar a que tampoco se cumpla con la necesaria solidaridad que permite a los sectores de menores ingresos acceder a iguales beneficios en prestaciones como las de salud.

Ahora, cuando oficialmente se admite la magnitud de la crisis del sistema de seguridad social ecuatoriano, que siendo antigua no se reconoció como tal durante el gobierno anterior y por el contrario se la agravó, restándole recursos y llenándola de bonos de dudosa posibilidad de efectivizar a futuro, se vuelve a hablar de la necesidad de tomar medidas destinadas a superar la actual quiebra.

Ocurre que quienes consideran como un gran logro el haber “recuperado” las asignaciones que durante el gobierno anterior se decidió suspenderle, pareciera que no tienen conciencia de que en razón de la crisis económica que enfrenta el Gobierno nacional, una cifra de la magnitud de la requerida, más de mil doscientos millones de dólares, no está en las posibilidades financieras del régimen y deberá ser abonada en partes, que si bien aliviarán las necesidades más urgentes, no solucionan un déficit que, por otra parte, no tiene establecida con certeza su dimensión. Así, resulta de una lógica irrebatible que el enfrentamiento de las posibles salidas a la compleja condición presente, debe necesariamente partir de una severa y prolija auditoría que establezca las certezas que permitan actuar adecuadamente.

Por tanto, pensar en reducir las prestaciones, aumentar la edad de jubilación o incrementar las tasas de aportación pueden ser medidas a meditar, exclusivamente en función de lo que revelen los cálculos actuariales y el estado actual del sistema de seguridad social.

Ahora es vital no continuar desangrándolo al obligarlo a cubrir prestaciones sin el correspondiente respaldo financiero o a llenar baches de la caja fiscal, concediendo préstamos.