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Tras el decreto de estado de excepción, los militares empezaron a resguardar el ingreso al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil.Archivo / EXPRESO

La Corte Constitucional avala la extensión del estado de excepción en las prisiones

Hace un nuevo llamado a las autoridades para encontrar soluciones estructurales a la crisis en el sistema carcelario

La Corte Constitucional (CC) declaró este 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, la constitucionalidad de la renovación por 30 días del estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad.

En el dictamen, los jueces analizaron la constitucionalidad de las medidas extraordinarias y limitación a derechos constitucionales dispuestas en el decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lasso, el 29 de noviembre.

“La Corte concluyó que la suspensión a los derechos y las medidas extraordinarias dispuestas en el decreto ejecutivo No. 276 deben efectuarse conforme lo dispuesto en el dictamen y enfatizó al presidente de la República el extremo cuidado que debe observar en la movilización de las Fuerzas Armadas”, señala la CC en un comunicado.

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El dictamen incluye una disposición para que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, continúe con el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en la renovación del estado de excepción e informe a la Corte Constitucional al respecto.

Al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hacen llamado para que brinden las facilidades para el trabajo de la Defensoría.

Los jueces constitucionales recuerdan que en dictámenes previos han hecho llamados a implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria en el país, más allá de las medidas extraordinarias a través del estado de excepción.

Ratifican el exhorto al presidente de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial y demás funciones y órganos del Estado, como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública para que trabajen para ese objetivo.