Por aterradora unanimidad

¿Tenemos que defender los derechos humanos de los ciudadanos o los derechos humanos de los delincuentes? El dilema se lo planteó en la Asamblea el socialcristiano César Rohón, autor de una propuesta de resolución que pide al presidente de la República, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para combatir a la delincuencia. Da gusto pero da susto ver a correístas y socialcristianos compartir los mismos extravíos: su vocación por la mano dura, su olímpico desprecio por los estándares internacionales de derechos humanos, su rampante populismo en materia de seguridad. El hecho de que la propuesta fuera aprobada por unanimidad es una contundente razón para que los ecuatorianos todos nos sintamos desprotegidos: menos de los delincuentes que de los políticos.

Derechos humanos de los ciudadanos vs. derechos humanos de los delincuentes. No solo es un falso dilema: es una peligrosa aberración. Supone que existen categorías diferentes de derechos humanos en función de las personas que los detentan: unas más protegibles que otras, se entiende. En este país llevamos etiquetando los derechos humanos por décadas. No hay que olvidar aquella joya que viene de los tiempos de Febres-Cordero y que lleva la aberración a su nivel más grotesco: “los derechos humanos de los policías”.

(Vamos a ver: la Policía y las Fuerzas Armadas detentan, en los Estados modernos, el monopolio de la violencia. Semejante función puede conducir harto fácilmente a abusos indeseados, por eso existen los derechos humanos: para defender a los ciudadanos del poder del Estado. Hablar de “derechos humanos de los policías”, por tanto, es una contradicción en los términos. Por supuesto que los policías gozan de derechos, como cualquier humano, pero estos no son una categoría independiente que deba tratarse por separado. Si un delincuente mata a un policía es un delito penal, no un caso de derechos humanos).

Etiquetar los derechos humanos sirve para relativizarlos, para ponerlos en duda y, en ocasiones, en suspenso. Hoy, con el pretexto de que existen derechos humanos de los ciudadanos honestos y derechos humanos (obviamente deleznables) de los delincuentes, la Asamblea ha incurrido en un error de bulto sobre el cual han corrido ya ríos de tinta: pedir que las Fuerzas Armadas controlen la delincuencia. Los correístas ya lo hicieron en su tiempo. Lo incluyeron mañosamente en las enmiendas constitucionales. Y lo ejercieron como era su costumbre: brutalmente. En Saraguro, en 2015, los soldados enviados por el entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero, se cebaron con saña sobre ciudadanos inocentes, incluso ancianos y mujeres embarazadas, mientras el gobierno solo contaba los heridos cuando llevaban uniforme.

Ver ahora a los asambleístas (de CREO, por ejemplo) votando a favor de esa misma tesis es algo que daría risa si no fuera tan trágico. Eso de poner al Ejército a combatir la delincuencia se opone a todos los estándares internacionales de derechos humanos. Hay sentencias de la Corte Interamericana que específicamente lo condenan. Organismos a los que pertenece el Ecuador que lo desaconsejan. Pero es más fácil que solucionar el problema de corrupción en el aparato de Justicia, responsable de que tantos delincuentes peligrosos anden sueltos. Y da réditos. Arranca aplausos de las masas. Así que no hubo una voz, ni una sola que se alzara en la Asamblea para advertir sobre la estupidez que estaban a punto de cometer. Por unanimidad, fue la cosa. Lo dicho: protección de los políticos, no de los delincuentes, necesita este país.