Más allá del fuerte temblor que sacudió el territorio nacional -el cual hace parte del muy duro invierno que estamos atravesando-, y de la importancia de que el Gobierno nacional y los gobiernos locales demuestren que están presentes en momentos de crisis extremas como esta, el remezón que hoy vivimos no solo es sísmico, sino también político.

Hace más de un mes en la Asamblea Nacional surgió el cuco del juicio político contra el presidente por la revelación de un medio digital de documentos y audios que presuntamente vincularían a miembros del círculo cercano del presidente con una estructura que se ha enquistado en la función pública y que se beneficiaría de ella.

Hoy no les voy a hablar de si es verdad o no, porque no soy juez y mal haría yo en arrogar culpabilidades sin que se hayan cumplido las etapas procesales pertinentes. Hablemos del juicio político.

 En el Ecuador a raíz de la aprobación de nuestra actual Carta Magna, el juicio político en contra de un jefe de Estado se volvió un recurso mucho más taxativo en los casos en los que se lo puede usar, precisamente para que a un presidente no se lo pueda enjuiciar políticamente basándose en su popularidad o en su relación con la Asamblea Nacional.

Me da la impresión de que ciertos legisladores han querido igualar al juicio político del art. 139 de la Constitución con un voto de no confianza, donde basta que el Poder Legislativo no considere capaz a un presidente de ejercer a cabalidad sus funciones y por tanto lo envía a casa.

La realidad es que tanto el informe hecho por la comisión ‘ad hoc’ como la acusación constitucional presentada, no le atribuyen acciones al presidente en lo concerniente a los presuntos delitos cometidos.

Créanme cuando les digo que mi intención no es defender al Gobierno a ciegas. Considero que he sido justo y lo he criticado cuando lo he tenido que hacer, pero es peligroso sentar nuevamente un precedente de que para sacar de su puesto a un presidente democráticamente electo solo se necesiten votos en la Asamblea.