Cuando se habla de la agricultura y, más en general, del sector primario, los temas recurrentes son: economía de subsistencia y pobreza, control de precios y precios de sustentación, clave de la seguridad alimentaria, la mayor fuente de empleo para la mano de obra poco calificada, origen de las exportaciones, uso del agua, ausencia de vías de comunicación, en manos de los intermediarios, precios altos de los insumos, falta de semilla calificada, indiferencia gubernamental, poca inversión en bienes públicos, resentimiento social y protesta, movimiento indígena y de otras etnias.

A pesar de lo largo del listado, estoy seguro de que se han quedado muchos otros temas por fuera.

El problema del campo es multidimensional. En 1972, la dictadura militar anunció que “sembraría el petróleo”. Ya sabemos lo que sucedió con esa promesa, al igual que lo que sucedió con el gobierno de la abundancia de la RC, período durante el cual menos del 1 % de la inversión pública se utilizó para desarrollar al sector primario.

El campo y el mar son una mezcla mayoritaria de subsistencia con unos pocos reductos de modernidad en el banano, plátanos, cacao camarones, pesca, y otros productos de naturaleza transable. Los productores de arroz se preocupan por su “precio de sustentación” mientras los bananeros tienen sus discusiones recurrentes con los exportadores respecto del precio de la fruta. Los precios son una suerte de contraseña, como lo es el precio de la gasolina para el presidente de la Conaie. El punto es que las discusiones sobre los temas de los precios son interminables y, al final del día, infructuosas. El problema permanecerá mientras no suba la productividad de los agricultores en mercados competitivos donde los productores incrementen substancialmente su renta y dejen de ser los perdedores en el mercado.

Es hora de dirigir el discurso hacia lo que funciona y la clave, repito, es la productividad.

Todas las estadísticas demuestran la precariedad de la ruralidad ecuatoriana, precariedad que abarca los servicios, las comunicaciones, las escuelas, los dispensarios médicos, y, dramáticamente, la alimentación y nutrición de los niños. La vara de los $ 1.000 millones a 30 años al 1 %, que en su enunciado mide a todos los eventuales beneficiarios con el mismo perfil, no es suficiente, aun cuando la dotación de crédito sí lo es.

El problema de la desnutrición infantil es una tragedia nacional cuando afecta a una cuarta parte de la población de menos de cinco años y pone al país en compañía de países clasificados de bajos ingresos. Las deficiencias en cuanto a peso, estatura, limitado potencial intelectual y mortalidad, son lacerantes, con tendencia a subir por causa del descalabro económico. Es un tema que afecta a personas y destruye familias; no debe sorprender entonces que continúe el éxodo de los jóvenes hacia las ciudades, quienes por otra parte muestran una alarmante tasa de suicidios; indicador preciso de la desesperanza que embarga el campo.

Si el Ecuador aspira a ser un país desarrollado, donde impere la paz social, es menester mirar al campo. La solución a los problemas radica en entenderlos y tener la vocación y la inteligencia, y disponer de los recursos para resolverlos.