El recurso de ‘habeas corpus’ consagrado en nuestra Carta Política da margen para que jueces, que lamentablemente desconocen el derecho, lo apliquen de manera indebida.

Este problema tiene algunas aristas. Desde estas columnas, por ahora, nos vamos a permitir analizar solamente el procedimiento de los operadores de justicia, pues se trata de un asunto muy complejo, que demanda una intervención de tipo académico para esclarecer todos los aspectos de tan importante institución, que tiene por objeto garantizar la libertad de quienes hayan sido privados de ella ilegal, ilegítima o arbitrariamente.

Los jueces han concedido el ‘habeas corpus’ a delincuentes peligrosos que con su accionar causaron conmoción social, como todos conocemos, quienes al salir en libertad nuevamente delinquen, ahora en cooperación de bandas internacionales de traficantes de drogas, de personas y de órganos humanos, Las pruebas están al canto. Igualmente se concede el ‘habeas corpus’ para proteger la vida o la integridad física de los privados de libertad. En este caso se les podrá conceder el recurso, de conformidad con una sentencia de la Corte Constitucional, en casos excepcionales, siempre que su libertad no vaya a conmocionar a la sociedad. Por otra parte, no es posible que se haya actuado sin que los jueces tengan competencia para ello, como sucedió en un caso que alarma, en el que el juez que intervino se encuentra a cientos de kilómetros de la cárcel en la que guarda prisión el recurrente. Asimismo, es necesario que se reforme la ley para que desaparezcan los mal llamados jueces multicompetentes, que son ‘todólogos’.

Una rama especializada es la del derecho constitucional, que trata, entre otros aspectos, de las garantías constitucionales, las cuales deben ser conocidas, tramitadas y resueltas por un juez constitucional y no por un multicompetente, como sucedió últimamente.

Si anhelamos que impere un Estado de derecho de verdad, la legislatura debe tomar el toro por los cachos y reformar las leyes para que la justicia vuelva a ser “una categoría social genérica que afirme el derecho de cada uno a que le sea reconocido lo suyo o las consecuencias de su comportamiento”.