Es indudable que en el panorama nacional hay una intención de atentar contra la estabilidad para dar paso a la incertidumbre o a afanes personales ajenos al desarrollo de Ecuador. La destituida Asamblea hizo lo posible y lo imposible para destituir al presidente de la República, sin haberlo logrado en cuatro ocasiones, lo que sirvió para que el primer mandatario, con apego a lo que ordena la carta política que nos rige, dictara el Decreto Ejecutivo mediante el cual se produjo la destitución de los 137 pésimos legisladores. Al mismo tiempo, por primera vez surgió la muerte cruzada, con las consecuencias que conocemos. Mas, los mismos actores de la fallida destitución al presidente ahora se han inventado argumentos sin base legal de ninguna naturaleza para ir tras la destitución de la fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar. Tanto el Consejo de la Judicatura como el Cpccs se prestan para cumplir con este objetivo, con el ánimo inocultable de buscar de esa manera el camino que permita que la impunidad se imponga en el país al pretender que los delincuentes de cuello blanco que fueron acusados con base por la fiscal General sean exculpados de “culpa y pena” para que sigan haciendo sus fechorías contra los sagrados intereses económicos del pueblo ecuatoriano. Pero tanto el CNJ como el Cpccs están más perdidos que aguja en un pajar pues están actuando sin tener competencia para ello. Por mala fe olvidan el art. 131 de la Constitución, que dice que la facultad de destituir al fiscal General del Estado es competencia exclusiva de la Asamblea, luego del enjuiciamiento político que debe llevarse a cabo de conformidad con la carta política y con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, constantes en el art. 78 y siguientes de esta ley. Como el Cpccs se ha permitido convocar a la fiscal a una sesión para que dentro de ella informe a este organismo asuntos relacionados con sus funciones, ella hizo muy bien en decirle públicamente que no asistiría a esa reunión porque el invitante nada tiene que hacer frente a sus funciones cono fiscal del Estado. Tanto el CNJ como el Cpccs una vez más quedan mal ante la ciudadanía, otra razón para hacer que los dos desaparezcan. Para nada sirven que no sea para llenar de escándalos sus actuaciones, dizque en cumplimiento de sus funciones.