A las urnas, aunque sin despejar sospechas. Hoy concluyen los 30 días de la campaña electoral oficial que ha estado marcada por el show, más que por las propuestas, ciertos actos de violencia y acusaciones de la existencia de candidatos presuntamente financiados con recursos ilícitos, cuyas investigaciones difícilmente tendrán resultados para cuando las nuevas autoridades deban posesionarse.

“Un verdadero peligro para la democracia”, considera Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), que ve con preocupación el nulo papel que ha tenido el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la hora de establecer controles ante las dudas que han surgido.

Este organismo justifica su falta de acción por los vacíos legales que tendría el Código de la Democracia para ejercer controles y se deslinda de responsabilidad bajo el argumento de que la posibilidad de que algunas campañas estén financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal o, incluso, redes de trata de personas, debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado.

“Las leyes y los reglamentos están, pero el CNE y las delegaciones provinciales se han lavado las manos y no controlan. Por ejemplo, en la precampaña, en donde se puede ya detectar el uso de recursos públicos y aportes privados de dudosa procedencia. Estamos en etapas previas de tener un narcoestado”, dijo el analista.

Esta falta de respuestas ya provocó un anuncio. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, adelantó que una vez que terminen los comicios del 5 de febrero el primer juicio político que se planteará es en contra de los cinco integrantes del CNE, pero también del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

• Ubicación. Según el Gobierno, estas situaciones se estarían dando en 11 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, entre otras.

“Han dicho que no son competentes y tienen toda la razón, porque han sido incompetentes, porque debieron haber impulsado una reforma al Código de la Democracia. Después del escándalo judicial que fue Arroz verde (caso Sobornos) los miembros del CNE son cómplices y responsables de la falta de control electoral”, aseveró el asambleísta.

Casi a la par del proceso de fiscalización política podría llegar a la Asamblea Nacional esa propuesta de reforma a la Ley Electoral. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo en días pasados que convocará a varios sectores de la sociedad civil para debatir cambios a la norma para enfrentar la violencia en las campañas y el posible financiamiento irregular.

El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, considera que esa falta de control de los árbitros electorales está llevando al país a tocar fondo y peligra la administración pública ante la posibilidad de que candidatos financiados con recursos ilegales se conviertan en autoridad luego de las elecciones del domingo.

Tampoco está seguro de que una reforma a la ley sea la solución más cuando en la Asamblea caerá en manos de los partidos políticos “que se han convertido precisamente en protectores de estas personas, de gente que no tiene la calidad moral para el ejercicio de la función pública. Son protectores y auspiciantes”, advirtió Aguinaga.

A Mantilla incluso le queda la duda de que esa propuesta de reforma salga finalmente desde el Consejo Nacional Electoral. “Lo han dicho ya en otras ocasiones. Pudieron hacerlas hace un tiempo atrás y no lo hicieron. En 2019 participé en las mesas de diálogo sobre propuestas de reformas electorales ante lo que era entonces un peligro y ahora puede ser una realidad: tener autoridades narcos”, señaló.

Listado

El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó en la Fiscalía 23 nombres de candidatos posiblemente financiados por organizaciones delictivas.

Gobierno

El Gobierno, por su parte, entregó un listado con 28 nombres de aspirantes con posibles vínculos con el narco o minería ilegal, entre otros.

Proceso

La Fiscalía ha tomado las primeras versiones sobre estas denuncias.