Una semana después de que el asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, diera algunos nombres de asambleístas, exasambleístas, ministros y exfuncionarios que fueron observados por la Superintendencia de Compañías, las repercusiones siguen, aunque la intensidad de esa información ha ido bajando de tono.

Ayer, el legislador por una de las facciones de Izquierda Democrática (ID), Javier Santos, uno de los mencionados por Vanegas, puso una queja en su contra ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Asegura que al insinuar que tuvo relaciones societarias con la mafia albanesa pone en riesgos su integridad, pero también la de su familia y su equipo de trabajo en la Asamblea Nacional. Espera que las autoridades de la Función Legislativa le den la razón e impongan una sanción que puede ir entre 30 y 90 días de suspensión.

¿Cómo toma la denuncia de Santos en el CAL?

Él está en todo su derecho de presentar la denuncia, pero para hacerlo debería primero revisar bien cuál es el contenido de mis declaraciones. Fui claro cuando leí el informe de la Superintendencia de Compañías y dije cuáles son las personas políticamente expuestas y también señalé que en ese informe no se habla en ningún momento de mafias albanesas.

Pero al hablar de las dos cosas a la vez se pudo prestar para pensar que había una relación.

Se hablaba de amigos de albaneses, pero en ningún momento sugerí o señalé que los asambleístas son amigos de los albaneses. Si se siente afectado, que pida los audios. Ahora, yo no soy responsable de los titulares que ponga la prensa. Yo respeto la libertad de expresión.

¿Del informe emitido por la Superintendencia quedan datos que no se han dado a conocer?

Creo que todos los detalles de ese informe ya son públicos y lo que queda ahora es contrastarlos con los datos del Servicio de Rentas Internas (ayer Vanegas pidió que se levante el sigilo de la información que entregó el SRI a la Asamblea).

¿Cuál es la importancia de cotejar los datos de la Superintendencia con Rentas Internas?

Lo primero, si bien hay lavado de dinero que dice el informe de la Superintendencia de Compañías, ahora vamos a poder saber de cuánto dinero estamos hablando y los nombres de las empresarias, los empresarios y las empresas que han participado en los negocios de las eléctricas que fue lo que motivó esta investigación y lo que no aparece.

Ese fue el reclamo suyo por las omisiones de la comisión multipartidista.

No solo mi reclamo, es el del país entero, porque todos tenemos el derecho de estar informados quiénes son los empresarios que han tenido los negocios con las eléctricas. Es decir, ese secreto a voces que existe, que se transparente. El Ecuador entero quería saber lo que decía el informe de la Superintendencia de Compañías y cree que es correcto que por decir la verdad se sancione a un asambleísta que defiende los derechos del país.

¿Con la información que se obtuvo de Compañías la Asamblea debería crear una comisión especial para que se investigue?

Las comisiones que se han creado con este carácter de especial ya han demostrado que no sirven para nada y hacen informes que son contradictorios. Aquí hay una confusión entre lo que es el quehacer público y jurídico. Entonces aquí se cree que la parte política, por decirlo así, está por encima de la Constitución y las leyes vigentes y eso no es así.

¿Quién debe asumir el rol de investigador de los datos del informe de la Súper de Compañías?

Eso ya está entregado en la Fiscalía General del Estado y en la Unidad de Lavado de Activos. Eso es lo que tenía que hacer y cumplí con esa parte que me corresponde.

¿Y desde la Asamblea, alguna comisión permanente o un legislador por su cuenta podría tomar el tema para investigarlo?

Insisto, hice lo que tenía que hacer como legislador. A nivel de la Asamblea Nacional hay que hablar con la mayoría que es la que hace y deshace y a veces hace cosas que no debe, por eso la información está ya en la Fiscalía.