Desde la existencia de la garantía de igualdad y no discriminación en la constitución de Montecristi (2008), la comunidad LGBTIQ+ celebra el reconocimiento de sus derechos, sin embargo, hablan que hacen falta mecanismos legales para materializarlos.

La comunidad celebra cada año, en una marcha, el orgullo de poder mostrarse tal y como son, así como el orgullo de que sus luchas den resultados, que se reflejan, entre otras cosas, en las leyes.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

La Constitución del 2008 reconoce la titularidad de una serie de derechos y garantías, y entre sus líneas hay artículos como el 3 que señala que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales.

Pero, el que más ha permitido avances hacia la no discriminación y los derechos de esta comunidad es el artículo 11, que habla sobre los principios de aplicación de los derechos y establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por sexo, identidad de género u orientación sexual.

Otra de las innovaciones de este texto constitucional es que hace énfasis en “respetar y reconocer las diferencias de género, y la orientación e identidad sexual”.

A pesar de estos avances legales, la comunidad LGBTI+ todavía afronta una serie de problemas. La tan anhelada igualdad que está contemplada en la constitución no se refleja en otras normas y tampoco en la sociedad ecuatoriana.

Ante ello, Alexander Guano, subsecretario de Diversidades, dice que actualmente se está trabajando en la creación de un plan de acción con 28 instituciones del Estado, de las cuales la mayoría pertenece al Ejecutivo, esto para tener un trabajo coordinado entre las funciones del Estado.

Guano hace énfasis en que la falta de adecuación normativa de sentencias de la Corte Constitucional y las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, se debe a un problema más bien político.

Los conflictos surgen cuando los proyectos de ley o de reforma deben pasar por la Asamblea Nacional por el contexto de pugnas políticas que ahí se dan. Lo que para él "no permite la materialización de los derechos".

Tanto la ley de Cedulación e Identificación, como el Código Orgánico de la Salud son unos pendientes que debe tratar el legislativo. El primero permitirá suprimir la variable "sexo" en la cedulación para que sea completamente reemplazada por "género".

El segundo tuvo un proceso de ocho años de debates en la Asamblea, sin embargo, durante el gobierno de Lenin Moreno recibió el veto presidencial, y actualmente puede volver a ser tratada, pero aún no se lo ha puesto en la agenda legislativa.

LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO

Uno de los obstáculos para el desarrollo de políticas públicas es la falta de datos actualizados. El gobierno ha anunciado que se realizará un censo poblacional que incluirá la variable identidad de género para visibilizar a la población.

Además de ello, la subsecretaría de Diversidades, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), llevará a cabo la primera encuesta con datos probabilísticos de las condiciones de vida de la población LGBTIQ+.

Sobre las llamadas "Clínicas de deshomosexualización", Guano afirma que están trabajando en una ruta de acción, lo que permitirá saber cómo actuar tanto desde la vía administrativa como en la judicial.

LOS PENDIENTES

Para la subsecretaría de Diversidades es una preocupación que no exista una ley específica e integral. Aunque la entidad no señala una fecha, dicen estar cooperando con la Defensoría del Pueblo para en un futuro presentar un proyecto de ley.

A ello, Diane Rodríguez, activista LGBTIQ+ y directora nacional de la Federación Centro Psico Trans y Silueta X dice que el debate social y la "cultura homofóbica y transfóbica" del país complica mucho la situación.

Diane Rodríguez señala varios puntos por los que actualmente la comunidad se encuentra luchando.

El acceso laboral, principalmente para las personas trans es una problemática generalizada que esta ONG ha detectado. En abril de este 2022 presentaron un proyecto de ley ante el legislativo, que entre otras cosas, incluye la garantía de una plaza laboral del 1 % en el sector público, y la prohibición de despido por "salir del clóset".

Otras de las demandas de la comunidad es mayor seguridad. La falta de garantías para la vida de las personas LGBTIQ+ ha resultado en asesinatos, los cuales no se procesan como delito de odio, sino como homicidios.

En un país donde "te matan por ser" según Rodríguez, recientemente el caso que mayor conmoción causó fue el de un activista trans asesinado en Huaquillas, y las exigencias de la comunidad es que se agregue un nuevo tipo penal de "transfemicidio" o "asesinato trans".

La adopción homo parental es otra de los reclamos. Esta es una de las demandas más icónicas alrededor de la comunidad en todo el mundo, y aunque actualmente existe la filiación parental, los requisitos burocráticos hace casi imposible acceder a esta figura legal.

Rodríguez detalla que el requisito de un certificado de una clínica de fertilización es "clasista", porque estas clínicas cobran grandes cantidades de dinero para acceder a sus procedimientos, y no contempla la posibilidad de una fertilización voluntaria.

"La niñez tiene derecho a crecer en un hogar" señala Rodríguez, y que "el sistema hetero no puede suplir" esta demanda de la niñez, por lo que es necesario que se adapte normativamente una adopción homo parental bajo todos los requisitos que se deban contemplar para asegurar la dignidad de la niñez.

Sobre la salud, aún hay demandas por cumplir. La ONG ha detallado que de forma generalizada no existen los tratamientos hormonales idóneos por los problemas de abastecimiento de medicamentos y hace falta una educación adecuada para evitar la autotransición por el peligro que representa.