La Organización de Estados Americanos, la Comisión de Pacificación y la Asamblea son las entidades que más recomendaciones (170) han dado al Gobierno Nacional para que a través de organismos como el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) lideren un cambio significativo en las cárceles de Ecuador. Entre 2021 y lo que va de 2022 se registran más de 400 víctimas de muertes violentas al interior de los centros.

El 29 de septiembre de 2021, al día siguiente del episodio más sangriento en las cárceles que dejó 125 fallecidos, se prometió la instalación de escáneres, cámaras de seguridad y más medidas tecnológicas para evitar el ingreso de armas y así otra masacre. Un mes después, se descubrió el uso de drones de más de un metro de ancho y alto para dotar de armas desde el cielo. Se logró la incautación de ese elemento, pero en noviembre ocurrió otra matanza que cobró la vida de 68 convictos. Después de este hecho, el gobernador del Guayas de ese entonces, Pablo Arosemena, dijo que los elementos de seguridad ya estaban en Aduana y que en diciembre ya serían instalados los aparatos.

En las declaratorias de emergencia se dispuso la entrega urgente de recursos al SNAI para enmendar los errores de seguridad y también para cumplir con los cambios recomendados por los organismos nacionales e internacionales; entre ellos, la instalación de dispositivos de seguridad, cambios en la infraestructura y más acciones que suman $ 125 millones en total, con una distribución de $ 30 millones anuales.

Diario EXPRESO solicitó al SNAI el detalle del uso de los recursos asignados, pero hasta el cierre de esta edición se limitó a decir que justamente en los próximos tres años se trabajará en la adquisición de escáneres, sistemas de comunicación y más acciones para el funcionamiento administrativo con esos mismos recursos.

Han pasado tres meses de la entrega del informe final de la Comisión de Pacificación, organismo que logró ingresar a celdas y pabellones, lugares a los que ni siquiera los guías penitenciarios tienen acceso, peor las autoridades. Esta señaló como recomendación final que la cultura de sospecha y venganza que se vive en las cárceles y en las calles del país es el resultado del abandono del Estado. El texto dice: “El Gobierno necesita reconocer el papel del Estado en la producción de violencia extrema para reorientar tanto su política penitenciaria como su estrategia de drogas. En este momento, una de las principales preocupaciones debería ser cómo detener el intercambio de información sobre delitos y privilegios penitenciarios entre reos y reclusos”.

Una muestra de ese privilegio se dio hace dos semanas en la Cárcel Regional ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule. La noche del 20 de septiembre hubo una fiesta que duró hasta la madrugada del día siguiente, hecho que contó hasta con fuegos artificiales.

El SNAI reaccionó luego de la insistencia de los medios de comunicación para decir que rechaza esos comportamientos. Luego anunció que separó a tres funcionarios, pero no garantizó que situaciones como estas no volverán a ocurrir.

El mismo hecho evidencia el sistema de preferencias que también se reveló en el informe de la comisión de paz, que señala ambientes totalmente opuestos en una misma cárcel. Por ejemplo, las celdas que tienen un tamaño de dos metros de ancho, por dos de largo y algo más de dos metros de alto, un diseño que debe albergar solo a un preso, pero que en ocasiones ocupan hasta seis reos. Escenarios que consolidan la extorsión de las bandas delictivas que operan al interior de las prisiones para dotar de agua, insumos de aseo, comida y hasta seguridad.

Desde el 22 de agosto, en Ecuador se ejecuta el censo penitenciario. De acuerdo con el SNAI, la iniciativa pretende conocer la realidad de los presos en Ecuador y así tomar los correctivos para generar condiciones que al menos abran un camino a la rehabilitación social. Dicha acción era considerada como una de las recomendaciones prioritarias y estaba planificada para enero del año en curso, pero las entidades no podían garantizar la seguridad de los técnicos.

Actualmente falta entrevistar al 49 % de la población carcelaria. EXPRESO consultó a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, si en la ejecución del censo se puede, además de asegurar la vida de los entrevistadores y cuerpo logístico, garantizar también la vida de los reclusos y que no se diera otra masacre. O que al menos se indique si ya hay señales de tener el control de las prisiones. No obstante, no emitió respuestas al pedido realizado.

Billy Navarrete, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, sostiene que el censo es la única actividad que se puede destacar como una acción de las recomendaciones a seguir, pero indica que aún “no se conoce” a profundidad la metodología ni las dificultades que han tenido y los temas a tratar.

“Los organismos de derechos humanos no fueron convocados para aportar en las entrevistas. Tampoco el sector justicia y el SNAI señala que se quiere conocer la situación jurídica de los PPL. No se contó con organizaciones de los familiares o académicas para conocer los aspectos prioritarios a preguntar”.

Por lo pronto, se ha informado que se culminará con el censo en la ciudad de Guayaquil, donde está la mayor cantidad de reos, que son el 35 % de la población carcelaria.

Mientras tanto, delegados del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (ONU) y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron al país la semana anterior, para verificar si han sido cumplidas las recomendaciones realizadas. El reporte no será revelado en el país, sino difundido desde el organismo, luego de procesar toda la información recabada durante su periplo en Ecuador.