Son jóvenes, empresarios y comparten un patrimonio de 2,1 millones de dólares en terrenos rurales ubicados en Durán. Se tratan de los cuatro hijos del exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, hoy procesado por posible delincuencia organizada en el caso Purga.

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Dentro de este expediente, la Fiscalía investiga dos fideicomisos. El primero tiene como    beneficiarios a Pablo Andrés Muentes Alvarado, de 36 años; Oscar Alfonso Muentes Alvarado, de 34 años;  Mónica Nicole Muentes Alvarado, de 31 años; y Denisse Valeria Muentes Alvarado, de 28.

El 14 de julio de 2023, tras las primeras denuncias contra Pablo Muentes por tráfico de tierras, constituyeron el Fideicomiso Mercantil de Administración M.A. Como bienes a proteger declararon la posesión de más de 600 hectáreas divididas en ocho terrenos, que pertenecen a las firmas Agrocamaron y Inmobicity, en donde los cuatro son accionistas (ver infografía).

Entre esos predios se incluye un lote denominado Hacienda La Denisse, que se desprende de un lote de 501 hectáreas de la hacienda La Magdalena y que han sido objeto de denuncias por los campesinos que ocuparon esas tierras.

¿Cuál es el origen de los fondos para haber adquirido los predios? Este Diario buscó a Oscar Muentes, quien figura como el representante del fideicomiso, pero no respondió.

De los cuatro hijos, dos han sido funcionarios públicos. El mayor, Pablo Andrés Muentes Alvarado fue asambleísta alterno entre 2017 y 2021. Se principalizó en enero de 2021 cuando la legisladora Dallyana Passailaigue dejó la curul para buscar la reelección.

Sin embargo, él ya antes había actuado en el pleno. Así, por ejemplo, asistió a la sesión del 24 de noviembre de 2020 y votó por la censura y destitución de la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo.

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En su única declaración ante la Contraloría, de 2017, aseguró que entonces tenía activos por 444.632 dólares y pasivos por 161.482 dólares.

El segundo hijo con una trayectoria en la función pública es Nicole Muentes Alvarado. De 2014 a 2022 trabajó en la Alcaldía de Guayaquil, en las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri.

A sus 22 años de edad fue servidora en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la urbe, en donde ocupó cargos como analista administrativo y coordinadora de Financiamiento Internacional; en 2022 fue elegida en las urnas    como concejala alterna.

En sus declaraciones de bienes ha reportado a la Contraloría patrimonios de 38.222 dólares en 2018; 48.995 dólares, en 2019; 53.726 dólares, en 2020; y 252.370 dólares en 2022.

El segundo fideicomiso que investiga la Fiscalía es, justamente, de la exconcejala. El 7 de abril de 2014 constituyó el “Encargo Fiduciario Nicole Muentes Alvarado”, que tuvo como fin administrar una cuenta bancaria, en donde se hicieron 12 pagos, que sumaron depósitos por 134.415 dólares, entre junio de 2014 y abril de 2015.

Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte del Guayas e investigada en el caso Purga, denunció, en su testimonio anticipado, una red de posible tráfico de tierras en el que estaría involucrada la familia Muentes. Ella detalló que el modo de operar era adueñarse de forma fraudulenta, incluso con documentos falsos, de predios que pertenecían a asociaciones campesinas o personas particulares. A los dueños, según Salazar, se los desalojaba con la fuerza pública o con “delincuentes” que eran enviados para hostigarlos.

Uno de los campesinos de la asociación La Hormiga también denunció públicamente al exlegislador Pablo Muentes y a Inmobicity S.A.“Teníamos más de 22 años en la asociación (... Fue un desalojo violento y fueron a dejar tiradas las casas como chatarra, pudimos evidenciar cómo destruyeron las piscinas con camarón”), dijo.

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