A casi tres semanas del asesinato del fiscal Édgar Escobar a escasos treinta metros del edificio principal de la Fiscalía, en Guayaquil, sus colegas se sienten desprotegidos. Ellos han tenido que autogestionar medidas para aplacar en algo los riesgos asociados con su oficio en medio de la ola de violencia narcoterrorista que golpea con mayor fuerza al puerto principal.

Por ejemplo, en los accesos a ciertos edificios donde operan los agentes del Ministerio Público se ha implementado el uso de un detector de metales portátil en manos del policía que custodia ese paso, con el objetivo de requisar algún arma, que adquirió la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas.

Sin embargo, el uniformado hace lo que puede ante la alta afluencia de usuarios. En un recorrido que hizo este Diario a varios puntos se evidenció que cualquier ciudadano ingresaba sin problemas.

“La gente está tratando de resguardarse por su cuenta porque la verdad no tenemos respuesta”, lamenta Reinaldo Cevallos, presidente del gremio empleados de la Fiscalía del Guayas y fiscal en el cantón vecino de Samborondón.

Hay más de una decena de fiscales que están revisando los requisitos para portar armas de fuego. Cevallos agrega que tendrán que realizar un curso para adiestrarse en el uso de ese tipo de elementos. Por otro lado, se está analizando la compra de chalecos antibalas, tipo camisetas, detalla.

Así también el gremio ha entablado conversaciones con la empresa privada para contratar, de forma particular, seguros de vida: “El seguro de vida no lo tenemos. Nos tuvimos que unir con los jueces, porque si somos más de 300 nos saldría a $ 20”.

En lo administrativo, Cevallos espera que se los tome en cuenta, por ejemplo, en la mesa técnica para estructurar y desarrollar un sistema de seguridad nacional que permita determinar el riesgo de las amenazas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, cuya creación se anunció el 21 de septiembre pasado tras una reunión de las autoridades del Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Fiscalía y la Policía.

Este Diario solicitó una entrevista al departamento de Prensa del Consejo de la Judicatura (CJ) del Guayas, pero no hubo una confirmación del diálogo.

Heydi Borja, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, núcleo Guayas, también espera que se tome en cuenta a este gremio en el análisis de la situación actual y las medidas potenciales para blindarlos, más allá del sistema actual de protección que presenta evidentes debilidades, como la falta de resguardos temporales que dice haber constatado en las últimas semanas mientras se procesan las solicitudes de custodia de varios de sus colegas.

“Lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de invitación. Ante esa ausencia de nuestra participación conllevó a que presentemos propuestas para mejorar la seguridad de los judiciales”, indica Borja.

Para el gremio de jueces, la implementación en todas las unidades judiciales de ingresos y salidas independientes del público en general mejoraría la seguridad. Así también el registro de la identidad de los usuarios, la instalación de anillos de seguridad en el perímetro de los edificios judiciales cuando se tramitan casos relacionados con el crimen organizado o que los informes de riesgo del operador de justicia se procesen en 24 horas y no en semanas, por ejemplo.

Los temores de fiscales y jueces son fundados en, al menos, tres asesinatos de fiscales, de un exfiscal y un juez, sin contar las decenas de amenazas de las que han sido objeto otros funcionarios en lo que va del año. A ellos también les preocupan los bombazos deliberados a la sociedad civil, a cárceles y a cuarteles policiales.

De enero a julio pasados se presentaron 40 denuncias por terrorismo, la mayoría en Guayas. En el mismo período del año pasado se registraron 14.

La presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, refiere que se ha reunido con el gobernador Lorenzo Calvas para solicitar más resguardo policial, medida que se ha realizado de forma parcial. También asegura que se han hecho pedidos puntuales al CJ para mejorar la seguridad básica de las unidades judiciales, como el funcionamiento de los arcos de detección de metales.

“Simplemente están de adorno. Cualquiera puede entrar con maletas. Uno presume que llevan documentos, pero no se sabe qué hay adentro. No hay un filtro”, cuestiona la funcionaria. Por ello, al menos, las audiencias de procesos penales se realizan de forma telemática, como medida preventiva.

La lista de necesidades y acciones de prevención es larga para los operadores de justicia, quienes esperan que se los escuche antes de que sus voces, tal vez, sean apagadas. 

PROTOCOLO

En la actualidad, judiciales tienen que solicitar al Ministerio del Interior un análisis de riesgo para recibir custodia policial, según el nivel de amenaza. Cuestionan que el proceso tome varias semanas. Por el cambio de autoridad se ha complicado acordar una entrevista.