Iliquidez que también se siente en el sistema financiero nacional. La morosidad se incrementó en bancos y cooperativas en los primeros meses del año. En el caso de los bancos, la morosidad llegó a 3,56 %, la cifra más alta desde septiembre de 2020, época de la pandemia de COVID-19. Mientras que en las cooperativas de ahorro y crédito la cifra llegó a 7,82 % a febrero del año en curso, la cifra más alta desde junio de 2016, cuando ocurrió el terremoto de Manabí.

En términos generales, el indicador de morosidad en una entidad financiera, como banco o cooperativa, es una medida que indica la proporción de préstamos que no han sido pagados a tiempo por los clientes. Busca calcular cuántos clientes no han cumplido con sus pagos dentro del plazo acordado. Por ejemplo, en el caso de los bancos, de cada 100 préstamos, algo más de tres créditos no han sido pagados a tiempo. En las cooperativas, la cifra llega a casi 8 de cada 100 préstamos.

Se temía un aumento de la morosidad debido a la falta de dólares en el sector público, que ha significado atrasos en el pago a proveedores y en meses pasados a sueldos de trabajadores de las entidades estatales.

El gobierno de Daniel Noboa asumió el cargo con atrasos que superaban los 4.500 millones de dólares. Si bien la cifra se ha reducido en los últimos meses, hasta marzo de 2024 aún hay atrasos por pagar de 1.571 millones de dólares.

Se prevé que la situación mejore en estos meses, tras la vigencia de la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, que implicó el cobro de contribuciones temporales a empresas, bancos y cooperativas. Además, dispuso el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %.

“Desde el punto de vista del Gobierno, la única solución para recuperar la caja (fiscal) era aumentar los impuestos (...)La otra alternativa fuerte y seria es trabajar en la calidad del gasto. Esto le permitirá abrir nuevos horizontes con organismos multilaterales”, aseguró el experto tributario Freddy Cevallos.

El aumento del IVA es una de las medidas que ha implementado el Gobierno para poder suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permita acceder a financiamiento del organismo y de otros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con esos nuevos créditos se espera inyectar liquidez en la economía y reducir los atrasos en el sector público.

Para el catedrático universitario David Castellanos, la desaceleración de iliquidez se acarrea desde el año pasado. A esto se han sumado otros problemas complejos, como la inseguridad que también afecta directamente en la actividad económica.

“El IVA tendría un impacto momentáneo, pero no para mejorar la mora (...)También tiene el tema de vacunas, que resta capacidad que los negocios puedan cumplir con sus obligaciones”, añadió el experto.

La morosidad podría desacelerarse, según los expertos, siempre y cuando entren dólares al país y la actividad económica se reactive. El Banco Central del Ecuador (BCE) prevé que el país crecerá apenas el 1 % en este año. Mientras que el Banco Mundial es más pesimista y apunta a una evolución del 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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