La Contraloría confirmó este 17 de febrero de 2023 dos glosas que suman 4,7 millones de dólares y que deberán ser pagadas por Petroecuador y la empresa Geincosolution.

Las sanciones civiles se establecieron por el contrato LAB 2016242 y su complementario LAB 2017106. Estos acuerdos tenían como objetivo el cambio de recubrimiento de la tubería del SOTE (oleoducto ecuatoriano).

De acuerdo con el informe de la Contraloría, las irregularidades comenzaron desde la etapa precontractual. En esta fase, los funcionarios de Petroecuador, de la administración de Álex Bravo, elaboraron un "presupuesto referencial sin sustento, términos de referencia incompletos, adjudicación de oferta con inconsistencias y aprobación de materiales diferentes a los ofertados”.

La Contraloría dice que en la fase de ejecución, ya en la época de Pedro Merizalde, hubo más inconsistencias. Geincosolution cobró a Petroecuador un 290 % más por los insumos utilizados para el cambio de recubrimiento de la tubería. En la auditoría se identificó una diferencia no justificada entre los precios que constan en la declaración aduanera de importación de cintas de recubrimiento y pegamento adhesivo, y los costos de los suministros que la contratista ofertó a Petroecuador. Es decir, Geinco usó materiales más baratos que los que presentó en su oferta.

Esto ocasionó un perjuicio al Estado por 4’606.492 dólares. Las anomalías ocurrieron gracias a la negligencia de los funcionarios de Petroecuador, pues los administradores del contrato aceptaron que Geinco utilice insumos más baratos, de otras marcas y procedencia distintas a las establecidas en las especificaciones técnicas.

“El elaborar el presupuesto referencial del proceso de régimen especial, no se respaldó documentalmente la metodología empleada para el cálculo de los precios de los materiales y en los términos de referencia no se precisaron las características técnicas de los insumos”, dice la auditoría.

La segunda glosa, por 147.893 dólares, se confirmó por pagos injustificados. “La responsabilidad civil corresponde a la diferencia entre los desembolsos realizados por Petroecuador y los precios que el contratista pagó a sus proveedores por los rubros limpieza de tubería y cama de arena”, indica la Contraloría.