Han pasado tres semanas desde que el Gobierno entregó a la Corte Constitucional (CC) el cuestionario que pretende plantear en un referéndum popular. El tema está bajo el análisis de la jueza Alejandra Cárdenas Reyes.

A la par, las candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se han ido incrementando. Si bien a finales de agosto el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que solo 22 de los 191 inscritos en una primera fase cumplían los requisitos, con recursos presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) esa lista creció y registraba 38 nombres (hasta el jueves). Pero pueden ser más.

Ambos temas parecerían inconexos, de no ser porque una de las preguntas propuestas por el presidente Guillermo Lasso es si los votantes están de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades de control que tiene en la actualidad el CPCCS y trasladar la potestad a la Asamblea.

Entre los aspirantes que superaron la revisión de requisitos para ser candidatos hay expectativa. Algunos se plantean escenarios, en caso de que la pregunta pase el control constitucional y la ciudadanía apoye retirar esa facultad.

Óscar Ayerve es uno de ellos. Reconoce que entre algunos postulantes debe haber preocupación por esta pregunta, sobre todo porque detrás de ellos estarían organizaciones políticas interesadas en captar a las autoridades de control desde este organismo.

En su caso, asegura que no es un tema que le quite el sueño o el entusiasmo. “En la agenda de mi candidatura el tema de la designación no ocupa un lugar preponderante. A mí me interesa e impulsaría con fuerza la investigación contra la corrupción, que es otra de las potestades que tiene el Consejo y no la ha ejercido”, le dijo Ayerve a EXPRESO.

Similar visión tiene el candidato David Zúñiga, que ha trabajado en el CPCCS varios años. Aunque no está de acuerdo en la pregunta propuesta por el Ejecutivo de reducir funciones a la entidad, dice que desde su perspectiva ubica en un segundo o tercer plano el tema de la designación de autoridades.

“Sin duda, esa fue una prioridad para los Consejos anteriores, especialmente del transitorio, y eso ha dejado de lado otras facultades como la promoción y el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, así como el control social y la rendición de cuentas, que finalmente configuran la estructura para luchar contra la corrupción”, aseveró Zúñiga.

La activista Pamela Troya también busca un espacio en el CPCCS. Dijo que, más que la pregunta, le causa escozor su anexo y espera que los jueces constitucionales no den paso, porque la CC ya se ha pronunciado al respecto en otras ocasiones.

Sin embargo, dice que el interés por terciar para conformar el Consejo de Participación no ha desaparecido, pase lo que pase, porque hay más que hacer en ese organismo que nombrar autoridades. “Otros temas como la transparencia, el acompañamiento a los gobiernos autónomos, la participación y rendición de cuentas han quedado relegados y es necesario reforzarlos”, argumentó Troya.