El sector audiovisual se declara en emergencia

Lo hacen por la derogación del artículo 98 de la LOC, que prohibía la importación de piezas publicitarias. El Ejecutivo propone crear una ley específica para ellos.

08 feb 2019 / 00:00

Desprotegida. Así se siente la industria audiovisual ecuatoriana, luego de que se haya derogado el artículo 98 de la Ley de Comunicación, en el que se prohibía, entre otras cosas, la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. La comunidad insiste en que esta decisión se traduciría en un freno para el desarrollo del sector.

Según Cale Rodríguez, presidente de la asociación de cineastas de Guayaquil, solo la publicidad ha generado cerca de 100 millones de dólares anuales, pero tras el cese de este artículo, esa cifra podría descender a $ 25 millones.

La justificación del Ejecutivo radica en que existen acuerdos internacionales que beneficiarían al país, pero que requieren que se suprima este artículo, uno de ellos sería la Alianza del Pacífico.

No obstante, para que esta liberación no sea crítica y desemboque en el caos para una industria naciente, los audiovisuales proponen que se negocie una excepción temporal, que permita ganar estabilidad y competitividad. No sería la primera vez que, en pro de proteger una industria nacional, un Estado logre un pacto así. “Al inicio de la industria colombiana se tuvo una ley de protección y actualmente tiene dos leyes de cine que incentivan al sector”, afirma Rodríguez. Esta protección también se ha logrado, incluso en tratados vigentes como el TLC.

Con él concuerda José Puerto, productor colombiano que ha trabajado tanto en su país como en Ecuador. Lo que pedimos es “un bono hasta que se desarrolle un poco la industria”, sostiene. Además, explica que en su nación los 12 años que duró la protección dejaron un saldo positivo.

Por su parte, Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae), reconoce que este artículo fue usado para que empresas publicitarias, amigas al régimen, obtengan los contratos de la publicidad estatal y se enriquezcan, pero cuestiona el porqué “la base de la industria deba ser la afectada”.

Entre los asambleístas que aprobaron esta derogatoria está Wilma Andrade. La legisladora sostiene que votó a favor de la derogación, debido a que “la aprobación se hizo en paquete”. A pesar de ello, asevera que en su propuesta “de reforma integral a la ley de comunicación, mantenía el artículo de la referencia”.

Y a pocos días de que el plazo para que el Ejecutivo tome una decisión caduque y esta reforma pase a ser publicada en el Registro Oficial, el sector se mantiene en zozobra, preguntándose qué hacer, mientras llegan los incentivos y las leyes que tanto les prometen.

Plan B para paliar la situación

El secretario de la presidencia Andrés Michelena, insistió en que la Ley de Comunicación incorporó temas como la publicidad, telecomunicaciones y medios públicos, que, según explica, deberían tener una ley específica. De hecho, esta es su propuesta para enfrentar la derogación del artículo 98.

Sin embargo, la creación de una ley podría llegar incluso a tomar años. Para reducir este tiempo de espera, legisladores como Héctor Yépez apelan a la voluntad política del Ejecutivo, con la intención de que este cree una ley económica urgente que no deje desprotegido al sector. “Desde Creo hay toda la voluntad. He escuchado al Gobierno en el mismo sentido, ojalá cumplan. Hay que generar también presión ciudadana”, insiste el asambleísta.

Pero, para evitar quedar a la deriva Mariana Andrade, presidenta de Copae, insta a que se efectivice los mecanismos de fomento que contempla la Ley de Cultura. Estos son “incentivos, exoneraciones y deducciones del Impuesto a la Renta” entre otros. Y agrega que “la industria está en una etapa inicial, por lo que requiere fomento. No pedimos una protección indefinida”, reseña.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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