Lentitud es la palabra que actualmente define al censo de vendedores informales que prometió realizar la alcaldía de Quito hace tres semanas y cuya ejecución se ha demorado al elegir a la consultora que realice las encuestas y recopile los datos.

Pablo Hernández, de la dirección de Comercio Autónomo de la Agencia Distrital de Comercio de Quito, apuesta por trabajar en la elaboración de un censo de comerciantes “regularizados y no regularizados” para ofrecer soluciones concretas respecto a este tema. El costo del censo será de 71 mil dólares, y ya han recibido varias proformas de consultoras que puedan hacer el trabajo. Aunque buscan que no se salgan de ese presupuesto. 

“Estamos en la evaluación previa para hacer una contratación directa de la consultora que haga el censo. Es un proceso complejo: primero porque no hay muchas consultoras que sepan hacer este trabajo, y segundo porque debemos estar afinar muchos detalles para tener resultados efectivos”, dijo Hernández.

En palabras llanas, lo que se busca es tener una radiografía de los vendedores formales e informales que están en la ciudad, conocer su situación socioeconómica, actividad comercial a la que se dedican y las zonas donde ejercen para diseñar políticas y decisiones integrales que los beneficien.

“Por ejemplo, hemos beneficiado a 900 comerciantes autónomos en lo que va de año, con talleres de cultura financiera para que expandan el abanico de opciones laborales que tienen disponibles”, agregó Hernández, quien espera que en el próximo cuatrimestre el censo esté listo.

Mientras tanto los ciudadanos por redes sociales documentan y se quejan de que en los alrededores del mercado de San Roque; en la avenida Patria, a la altura del parque El Ejido; en la calle Venezuela y Guayaquil, del Centro Histórico; en la avenida principal de Calderón y en la avenida Pedro Vicente Maldonado, al norte de la ciudad; los vendedores informales están a sus anchas sin ningún tipo de control.

Y estos son algunos ejemplos donde el comercio informal es más visible.

“Sabemos que es una situación que afecta a gran parte de la ciudad. Pero también conocemos de casos en el sur de Quito donde los comerciantes regularizados y no regularizados desarrollaron una mejor convivencia. Y esas dinámica también debemos estudiarlas para tomar las mejores decisiones”; dijo Hernández.

Para julio las obras para abrir la Plataforma Primero de Mayo estarían listas. Aquí la alcaldía de Quito pretende reubicar al menos a 182 comerciantes informales de la calle Loja en el centro de la ciudad. Otros 120 de la ciudadela Ibarra también serían reubicados.

La reubicación desde el cabildo se presenta como una opción para garantizar el derecho al trabajo de estas personas, un derecho que desde la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (Asotrab) defienden a capa y espada.

La Asotrab, a finales de mayo, realizaron un plantón frente a la Corte Constitucional como protesta en contra de los operativos de la Agencia de Control Metropolitana (ACM) en donde se les decomisan los productos a las personas vendiendo en la calle.

La ACM aclaró que los decomisos de mercancía sólo se realizan cuando los agentes metropolitanos advirtieron varias veces a los vendedores autónomos sobre no realizar actividades comerciales en los espacios públicos, y que luego esa mercancía se la devuelven.

Es una danza sin ritmo que se da entre las autoridades y los vendedores informales que según estimaciones de la municipalidad podrían llegar a los 42 mil en la ciudad.

Trabajadores temporales

El 23 de abril se publicaron los datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, y Quito registró un 13,5% de desempleo. Fue la ciudad con la tasa más alta del país. Ante esta situación, desde la Dirección de Comercio Autónomo de la Agencia Distrital de Comercio de Quito han reconocido a personas que se están dedicando al comercio informal de manera temporal. Personas que perdieron sus empleos durante la pandemia y decidieron salir la calle a vender productos como comida o ropa, o salieron a ofrecer servicios de transporte sin contar con los permisos necesarios. La alcaldía espera que cuando la economía se reactive, estas personas puedan volver a un empleo formal y las cifras de comercio informal disminuyan en la ciudad. Dentro del censo que se pretende hacer de los comerciantes autónomos, también se incluirá a esta parte de la población para conocer su situación.