Lo primero que Víctor Chiguano notó fue una grieta. Era 2018 y el extraño cuarteamiento en la pared de la sala de su casa le pareció una falla producto de los años de desgaste, hasta que empezó a hacerse más grande. A la par, en el piso un agujero profundo brotó de la noche a la mañana, cuarteando las baldosas y permitiendo la presencia de las ratas.

No era el único. “Empezamos a comparar con los vecinos, y todos teníamos problemas. Grietas, desniveles, la casa del vecino de al lado se empezó a inclinar”, recuerda.

Las asambleas barriales arrojaron resultados, no era una casa ni dos, sino 400 viviendas de Solanda las que misteriosamente habían empezado a cuartearse. El denominador en común: el Metro.

Meses antes se habían empezado a construir las estaciones, y la remoción de tierra y la extracción de agua en el subsuelo había dejado su marca.

Los vecinos inmediatamente se organizaron. La idea era pedirle a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito que activara los seguros relacionados a las afectaciones ocasionadas por la construcción y que estos recibieran lo suficiente para reparar sus casas.

Estudios, inspecciones y promesas le siguieron a los pedidos de intervención desde la alcaldía, pero tres años después, y a dos meses de la culminación de la construcción del Metro, nada ha pasado y Solanda se sigue hundiendo.

Así lo explica el dirigente barrial Fernando Chamba. “Al inicio nos indicaron que se iban a hacer estudios, y luego que se iban a responsabilizar, pero solo de las casas que estaban a cuarenta metros al oriente y cuarenta metros al occidente de la línea de acción del Metro, pero eso tampoco sucedió”.

Este añade que, al revisar los documentos relativos a los estudios, la entidad no se responsabilizó por las afectaciones, sino que citó una serie de factores que ocasionaron los daños, entre ellos el tipo de suelo del sector y la decisión de los moradores de construir inmuebles de más de dos pisos.

“Cuando nos reunimos con el alcalde nos dijo que se solidarizaba con nosotros, que iba a autorizar estudios complementarios. Luego nos dijo que había un fondo para mitigación, y que se firmaría un acta de mutuo acuerdo. Eso nunca pasó”, dijo el dirigente.

Debido a la falta de respuestas desde la alcaldía, dos grupos de residentes decidieron iniciar acciones legales, otros, como Adriana Velasco, optaron por sacar préstamos para reparar sus viviendas y salvarlas de más daños.

“Mi papá gastó cerca de $ 30.000. Tuvo que sacar un préstamo y con eso se hizo un nuevo cimiento para evitar que la casa se hunda o se siga inclinando. Pensábamos que el municipio nos iba a reembolsar, pero cuando revisaron la casa, nos dijeron que, a pesar de los daños, era habitable”.

Con ella concordó Víctor Chiguano, quien sacó un préstamo y reparó las grietas y el agujero, pese al pedido explícito de gestión de Riesgos de no hacerlo. “Invertí unos $ 4.000 en reparar, pero son arreglos superficiales porque no hemos reparado la estructura. Me dijeron que dejemos así, que no toquemos, pero no podíamos vivir así, con las ratas saliendo del suelo, no les importa lo que nos suceda”, comentó.

Pero hay temor en Solanda sobre lo que sucederá cuando el Metro se active y empiece a circular de manera definitiva. Por ello, algunos vecinos se mudaron y otros vendieron las viviendas en hasta $ 14.000, el 60% menos de su valor real.

No es un temor infundado, pues como explica el ingeniero civil y catedrático Andrés Mejía, sí existe un riesgo de que las viviendas más afectadas puedan caerse. “Depende del material y cómo este actúe frente a la vibración. Pero si hay daños estructurales graves, paredes inclinadas por ejemplo, es una posibilidad. Cada residente debe solicitar un estudio”, dijo.

EXPRESO solicitó una entrevista a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito con respecto a los daños en Solanda. El departamento de comunicación de la entidad indicó que al momento no estaban atendiendo a los medios de comunicación. 

La pugna irá ante las cortes

“Nos engañaron. Nos dijeron que había un estudio internacional en proceso, contratado para que se determine si las garantías del Metro eran ejecutables o no. Esto fue en octubre de 2019. Lo que no nos dijeron era que la póliza caducaba el 21 de enero de 2020”, explicó Fernando Chamba.

Ahora, un grupo de moradores busca resolver el problema ante la justicia. La semana pasada se interpuso un reclamo administrativo contra el Cabildo y la empresa del Metro. “Exigimos que se activen las pólizas que nos ocultaron y que se pague lo que nos corresponde”, señaló.