El 4 de agosto se conocerá el nombre de la empresa extranjera que se hará cargo de la operación del Metro de Quito hasta 2028.

Este jueves 31 de marzo de 2022 se lanzó la convocatoria internacional y se conocieron algunos requisitos. Entre estos se escogerá de forma directa “pero no a dedo” a una empresa pública que tenga más de 20 años de experiencia en el manejo de sistemas ferroviarios subterráneos.

“La contratación será por régimen especial simplificado, pero no significa que las cosas se hacen a dedo, donde simplificamos es en el proceso ya contractual final”, dijo Efraín Bastidas, gerente del Metro.

Hasta el momento, seis compañías extranjeras se han inscrito en el proceso de contratación, pero dijo que esperan recibir 30 propuestas.

Los que han mostrado interés son las empresas de transporte de pasajeros de Chile; el Metro de Medellín (Colombia), de la Compañía del Metropolitano de Sao Paulo (Brasil), Deutsche Bahn (Alemania), Hitachi Rail STS (Italia-Japón).

Cada una de las empresas ferroviarias propondrán un valor económico. La comisión técnica y el gerente del Metro escogerán la propuesta que más se ajuste al presupuesto referencial y que reúna las condiciones requeridas en, por ejemplo, puntualidad, mantenimiento y la limpieza de los trenes y estaciones, la trayectoria del personal técnico, la capacidad para transferir tecnología a los técnicos locales, ya que a futuro tendrán ellos que hacerse cargo del Metro, cuya obra costó más de $ 2.000 millones.

Otro punto que se evaluará es la capacidad para articular el Metro con las otras redes de transporte de pasajeros como el Trolebús y los alimentadores.

El presupuesto referencial, que se mantiene en secreto, fue establecido por el Metro, con el apoyo técnico de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, que ha asesorado el proceso. Sin embargo, en consultorías anteriores del Metro Madrid y el Metro de París, se establecía que cada año de operación costaba $ 40 y 45 millones. Por los seis años que estará en manos extranjeras, el valor podría superar los 300 millones.

Para poner el Metro en marcha y que en diciembre comience a dar servicio, Bastidas dijo que se necesitan ajustar otros subsistemas: comunicaciones, trenes, etc. La mayoría ya tiene un avance sobre el 90 %, pero aún faltan procesos. Por ejemplo, así como se contratará a una operadora extranjera, se contratará a una fiscalizadora que revise el trabajo de la operadora. Esta contratación será internacional.

Por ahora, lo que más preocupa a los concejales metropolitanos es el tipo de contratación, que al ser de régimen especial la obra se da de forma directa a la ganadora.

Según el exgerente del Metro, Édison Yánez, como requisito la empresa metropolitana solicita que la compañía internacional tenga “1.000 millones de dólares de patrimonio”. Lo que supuestamente limitaría la posibilidad de oferentes.

Sin embargo, Bastidas aseguró que se esperan las 30 propuestas y entre todas estas se escogerá la mejor. El objetivo es que en diciembre el sistema de transporte más moderno del país brinde el servicio.

La operación del Metro también generará puestos de trabajo. Se buscará operadores de los trenes y otros técnicos.

Para suplir esos puestos con mano de obra nacional, el Metro propuso que varias universidades abrieran carreras vinculadas a la ingeniería ferroviaria. La idea es que jóvenes profesionales obtengan títulos de tercer nivel, desde tecnólogos, ingenierías y maestrías que se enfoquen en el funcionamiento de ferrocarriles y puedan encontrar una vacante.

• 99,5 % de avance. 

El Metro ya se encuentra en un 99,5 % de avance. En los próximos días se seguirán realizando pruebas con los sistemas de comunicaciones, centros de mando, etc. y se deben probar procesos de automatización como los sistemas de frenado y acelerado. Todo debe estar listo para diciembre.

• Discrepancias

Para los habitantes de un sector de Solanda, en el sur, el funcionamiento del Metro no es una alegría completa. Fernando Chamba, dirigente, dijo que hay casas que están hundiéndose por las obras del Metro. Está en marcha un estudio para conocer si la construcción afectó a las viviendas.