El anuncio llegó en medio del vitoreo de los moradores de la parroquia Llano Chico: al fin tendrían un sistema de alcantarillado. Durante tres años peticionaron a la administración zonal del sector y al cabildo quiteño sin resultados, pero en 2018, el trazado finalmente se concretó.

La obra empezó meses después de la mano de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), pero tras el inicio de la remoción de escombros, se frenó abruptamente. Habían encontrado huesos.

No se trataba de una casualidad, o del resultado de un macabro crimen, sino del hallazgo de vestigios arqueológicos. Pequeñas excavaciones y cateos posteriores mostraron que no eran solo esos huesos, sino remanentes de las antiguas culturas que poblaron el sector durante los periodos de Integración y Desarrollo Regional, épocas de las cuales se tienen pocos detalles.

El trazado para el alcantarillado quedó en el olvido y en septiembre del año pasado, el Instituto Metropolitano de Patrimonio implementó un proyecto para continuar la investigación y proteger los bienes que han sido encontrados.

La iniciativa tiene sus detractores, pues las necesidad de implementar obras de infraestructura se enfrenta a la importancia de conservar el patrimonio, sobre todo en esta zona, que había sido identificada en el atlas arqueológico originalmente en el año 2000. La solución, explica Andrés Mosquera, arqueólogo del IMP, es la continuidad de la investigación, que podría dar pie a la futura creación de un museo de sitio.

“Terminamos la etapa de trabajo de campo y al momento estamos en el trabajo de laboratorio, lo que arrojará más certezas sobre las piezas. Los resultados llenarán un vacío en la historia de Quito (...) Con excavaciones en grandes dimensiones se determinarán datos que desconocíamos y que son importantes en nuestra historia. Obviamente, la importancia de esta zona puede llevar a la creación de un museo de sitio y al desarrollo turístico de Llano Chico como sitio arqueológico”, dijo el funcionario.

Pero previo al hallazgo de los vestigios, otras zonas de Llano Chico ya habían sido intervenidas, como la calle Rosa Vélez, que incluso fue adoquinada. En estos ya no se podrá hacer ningún tipo de investigación y eso es lo que el IMP espera evitar a futuro.

Como parte de los planes establecidos a raíz de lo acontecido, la entidad está en proceso de crear un catastro de las zonas arqueológicas sensibles del altiplano del Distrito Metropolitano de Quito, que será compartido con la Secretaría de Territorio y Hábitat y Vivienda, de Movilidad y Obras Públicas y de Agua Potable.

“En 2018, por no tomar en cuenta los estudios arqueológicos previos, un trabajo de la Epmaps afectó una zona de trabajo. No nos oponemos a las obras, pero queremos que se tome en cuenta el catastro, sobre todo las zonas de alta sensibilidad arqueológica previo a cualquier remoción de suelos para no afectar el patrimonio que ahí se encuentra”, comentó.

En el mapa se establecen áreas de Cumbayá, Pifo y Guayllabamba, pero también se planifica trabajar con otros sectores, entre ellos las parroquias que conforman la mancomunidad del Chocó Andino, entre las que están Nanegal, Nanegalito y Calacalí. Según datos del IMP, el área tendría importancia arqueológica que debe protegerse ante el ingreso de proyectos extractivistas.