En diciembre del año pasado, los comuneros del sector de La Victoria, en la parroquia rural de Pacto, cerraron el ingreso a las concesiones mineras que actualmente trabajan en su territorio. Poco después se sumaron otras seis parroquias de la mancomunidad del Chocó Andino, zona declarada reserva de biosfera según la Unesco.

El problema, señalaron los moradores, era que a estas concesiones se habían sumado otras, ilegales, y se alistaba la aprobación de otras, que tramitaban sus permisos ambientales a través del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE).

¿Cuántas? Datos de la Agencia de Regulación y Control Minero indicaron que se trataba de 14 concesiones activas y siete que estaban en trámite para obtener sus documentos. En su momento EXPRESO consultó al MAAE sobre la situación, sin respuesta.

Tres semanas después de la nota publicada por este Diario, la entidad señaló que dieciséis son las solicitudes que actualmente se tramitan.

“El Ministerio del Ambiente y Agua se encarga de verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar, o remediar las afectaciones ambientales que un proyecto minero pueda provocar, por lo que debe presentar Estudios de Impacto Ambiental, que son revisados y aprobados previo al otorgamiento de la autorización administrativa ambiental. El incumplimiento de estas exigencias puede conducir a que la Autoridad Ambiental revoque la licencia ambiental que fue otorgada para la actividad”, señaló la institución.

Agregaron que la declaratoria de zona protegida metropolitana no influye en este pedido, pues solo las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas no pueden ser intervenidas para actividades extractivas.