Quito

Cupos de taxis, una prebenda en política

En Latacunga se legalizan cooperativas sin estudios Es una forma de garantizar votos

TAXIS
Latacunga. Los taxistas legales denuncian a los que están en proceso de regularización y piden más control.Gustavo Guamán

Un audio involucra al concejal del Municipio de Latacunga Luis Alfonso Shingón Lema (Pachakutik) con un posible caso de corrupción. “¡A mí tienen que darme un puesto con la camioneta!”, se escucha en un audio.

La pieza de voz fue presentada en enero pasado en un programa de la televisora local Marca TV. En ese segmento, Shingón aceptó que pidió el vehículo y un cupo dentro de una cooperativa de taxis que está en regulación, un proceso que se realiza dentro del Municipio presidido por Byron Cárdenas Cerda, de la alianza Pachakutik-Democracia Sí.

“Realmente tengo que ser bien frontal, algunas voces son mías...”, dijo Shingón. Justificó que el vehículo no era para él, sino “para entregar a una persona de bajos recursos”.

Han pasado dos meses desde que pidió el taxi y el caso no ha trascendido más allá de la localidad. “A nuestra compañía también el concejal Alfonso Shingón nos pidió una camioneta y como no dimos nos negaron (la autorización)”, contaron otros perjudicados.

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Este Diario ha buscado la versión de él, pero no responde ni llamadas ni mensajes de texto desde el 7 de marzo.

En la misma semana, el jueves 10 de marzo, el gremio de los taxistas formales y el Observatorio Ciudadano Latacunga denunciaron irregularidades en el aumento de taxis. “Se dan permisos de operación sin los estudios pertinentes, ¿Qué hay detrás? Los beneficiarios son los que apoyaban la campaña política del alcalde”, dijo José Rivadeneira, del Observatorio.

A mí tienen que darme un puesto con una camioneta. Nada más, ese era el trato.

Alfonso Shingón, concejal de Latacunga

Lejos de ser un caso puntual, la entrega de cupos de taxis y promesas para regularizar compañías ‘piratas’ es común en las campañas políticas.

En Quito, por ejemplo, en los primeros seis meses de la gestión del exalcalde removido Jorge Yunda se entregaron 659 cupos para taxis, pues fue un compromiso como candidato. Pero la Contraloría encontró que 602 taxis no cumplían todos los requisitos. Para 2020, ya se habían regularizado 8.622 taxis en la capital, sin sustento técnico, según la Contraloría.

El organismo de control también habla de Latacunga. El informe DPCPX-0002-2021 señala que el incremento de cupos de taxis en esa urbe se hizo sin estudio de necesidades. El cabildo entregó títulos habilitantes sin un debido proceso. Más de 700 cupos se habrían entregado con irregularidades.

El alcalde Byron Cárdenas Cerda defiende que se ha cumplido el debido proceso. El 10 de marzo dijo que procesaría las denuncias de los taxistas formales, pero adelantó que las quejas también provienen de actores políticos interesados en las próximas elecciones.

A la Contraloría, la Alcaldía de Latacunga intentó justificar esta entrega de cupos mediante el Plan de Movilidad, pero la auditoría dice que el cabildo contrató sin una justificación una consultoría por $ 75.000, la cual en sus conclusiones avaló la necesidad de aumentar el número de taxis. Sin embargo, esta aprobación debía realizarse mediante dos debates y una resolución dentro del Concejo Municipal. Pero el alcalde nunca cumplió el proceso.

El año pasado, en la campaña para asambleístas, la compañía de camionetas sin legalizar Pichaló hizo campaña por el partido político del alcalde y hay fotografías del apoyo. A cambio, espera tener los permisos para circular. 

Los detalles

El trato

Pese al audio, en la Fiscalía no se ha presentado ninguna denuncia contra el concejal Shingón. Las personas que grabaron la conversación hacen referencia a un trato. “Solo era el puesto... desde un inicio era el trato. Ahora usted nos está pidiendo la camioneta (del año) 2018”, dice una mujer.

La denuncia

El lunes 14 de marzo, Quito Honesto presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue una red de corrupción alrededor de la entrega de cupos de taxis. Según el colectivo, funcionarios del cabildo y un concejal pedían hasta $ 10.000 por el permiso habilitante y de circulación.