Colocar puertas, rejas, muros e incluso garitas de seguridad privada para bloquear el paso a calles, pasajes y parques municipales es una práctica ilegal que en los últimos años ha tomado fuerza en algunos barrios de la capital.

En la Primavera Alta, Cumbayá, oriente de Quito, el uso indebido del espacio público salta a la vista. Los moradores de este sector cerraron cinco calles secundarias (Cotococha, Cerronario, Machalilla, Tuncaguan y Teano) y también el ingreso a la ciudadanía en general al parque de la zona. Con muros, rejas y dos garitas privadas dieron origen a la urbanización Real Alto. Una que funciona bajo esta modalidad desde hace 10 años, según contó Óscar Duque, uno de sus primeros habitantes.

EXPRESO intentó acceder al lugar, pero un miembro de la directiva de la lotización, vía telefónica, indicó que es necesario contar con la autorización del presidente.

Pero este no es un caso aislado. En barrios del sur, centro, norte y los valles también se repiten estas anomalías. Aquí, la colocación de portones o muros es la única alternativa de bloqueo que emplean, y el acceso para el vecindario es más flexible.

La justificación de ciudadanos como Duque para tomar estas medidas ilícitas es la inseguridad en que viven. “Necesitamos cuidarnos. No queda más que encerrarnos para evitar que nos roben. Cuando no construíamos todo esto, los robos a domicilios eran frecuentes, pero las cosas cambiaron desde que vivimos así”, argumenta.

El coronel Gustavo Pérez, experto en seguridad ciudadana, sostiene que el encierro no es el mejor mecanismo de defensa ante alertas de peligro.

“No es posible infringir leyes u ordenanzas así porque sí. Una de las soluciones es mejorar las formas de convivencia entre vecinos y generar lazos de amistad y confianza. De nada sirve amurallarse si no se sabe quién vive al lado. Una sociedad segura se forma por el círculo de acercamiento entre los ciudadanos que comparten un mismo espacio. La organización barrial y trabajar con la Policía son otras opciones”, dice.

Pero desde la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Jaime Villacreses, supervisor de la entidad, agregó que realizar estos cierres bajo el marco de la legalidad también es una alternativa que debe considerar la ciudadanía.

“Según la ordenanza 35 2022 es viable hacer esto, siempre y cuando se gestione el permiso municipal y exista una causa justificada, ya sea por interés social, cultural o educativo. La inseguridad está considerada en este marco”, puntualiza el funcionario.

Para la colocación de casetas de control, la presencia de una persona que supervise el ingreso y salida es otro requisito importante. “Esto es lo óptimo, porque hay casos en los que el paso está bloqueado o limitado solo para quienes viven adentro y se restringe a las demás personas”, advierte.

Desde finales de 2021 se han reportado 59 casos similares: 33 fueron por denuncias ciudadanas y los 26 restantes se dieron por oficio. A cinco ya se les impuso una multa sancionadora y se retiraron los elementos que obstaculizaban la circulación.