Los concejales que formaron parte de la Comisión de Mesa que recomendó la remoción de Jorge Yunda impugnarán la decisión que emitió ayer la jueza María Belén Domínguez, quien aceptó parcialmente la acción de protección solicitada por el alcalde.

Los abogados de los concejales Analía Ledesma, Fernando Morales y del vicealcalde Santiago Guarderas (quienes conformaron la Comisión de Mesa con la concejala Mónica Sandoval), así como la defensa de Yunda, una vez que escucharon la decisión de la jueza -en una audiencia que duró menos de 18 minutos- entregaron una apelación a la Corte Provincial de Pichincha.

“Lo que alega la jueza Domínguez, que no hubo imparcialidad, está incorrecto. La decisión de remover a Yunda fue aprobada por 14 concejales y está en norma. La decisión de la jueza puede sentar un mal precedente en todos los procesos de fiscalización que quieran realizar diversos organismos, como la Asamblea Nacional, por ejemplo”, indicó Guarderas, quien aseguró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) será el que decida si Yunda se va o se queda.

Yunda cree que la decisión de Domínguez es un respeto al “principio de imparcialidad que está estipulado en la Constitución”, y volvió a señalar a Guarderas como un “vicealcalde que está desesperado por ser alcalde y no guarda las formas. Si quiere mi cargo, que lo obtenga a través del voto”.

El ambiente que se respiraba ayer entre los concejales era de expectativa. Eduardo del Pozo calificó la decisión de la jueza como una “aberración jurídica” y coincidió en lo que alega Guarderas, que la remoción de Yunda “estuvo en norma, y fue un proceso de control político correcto que no atentó contra la democracia”.

Para la concejala Analía Ledesma, lo más grave es que la ciudad “sigue desprotegida”.

Hay temas como la operatividad del Metro de Quito, la falta de eficacia en el plan de vacunación contra la COVID-19 y la falta de transparencia en el manejo de la Empresa Metropolitana de Agua, que a consideración de Ledesma quedaron rezagados.

“Esos son puntos que no podemos dejar de debatir. Y temo que el Tribunal Contencioso Electoral no tenga una decisión hasta que no haya una sentencia firme sobre la acción de protección que interpuso Yunda”, dijo Ledesma.

Ismael Quintana, abogado constitucionalista, indica que a pesar de la aceptación parcial de la acción de protección de Yunda, su situación jurídica “no cambia”.

“Lo que Yunda puede hacer con esa aceptación parcial de la acción de protección es colocarla en un marco y ponerla en su casa. Porque el acto de remoción del alcalde no fue impugnado”, explicó Quintana.

Según la norma, la jueza tiene cinco días para presentar la sentencia, y a razón de la concejala Ledesma: “los abogados de Yunda van a hacer todo lo posible para dilatar el proceso y tener una decisión final”.

La disyuntiva entre los concejales y Yunda es por el uso que se le dio al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) en el proceso de remoción del alcalde.

La mayoría de los concejales que aprobó la remoción de Yunda aseguran que en el Cootad está normado de manera específica este proceso, y que en ningún lado estipula que los concejales miembros de la Comisión de Mesa que recomendaron a través de un informe la salida del alcalde no podían participar en la sesión del concejo que aprobó la remoción.

La defensa de Yunda alega que Guarderas no debía participar ni en la Comisión de Mesa ni en la sesión de concejo donde se removió a Yunda, al ser un beneficiario directo de la separación del cargo del alcalde.

“El único órgano que responderá sobre la validez procesal en el trámite de remoción de Yunda será el TCE”, asegura el abogado Quintana.

Para el próximo viernes, el TCE debería pronunciarse al respecto, mientras tanto Yunda cree que “los concejales deben dedicarse a entregar ordenanzas, a trabajar por la ciudad y dejar aspiraciones personales”.