Ya no se escuchará más la oferta de los comerciantes informales de “tres calcetines por un dólar” o el usual cántico “¡espumilla!”. Los operativos de control comienzan hoy en el casco colonial y los autónomos deberán moverse a otros lugares de la capital.

Esto es parte de los ofrecimientos que hizo el alcalde Santiago Guarderas durante su primera rueda de prensa justo después de posesionarse en el sillón municipal. Allí dijo que procedería a “limpiar y ordenar” este sitio emblemático y ofreció hacerlo rápido, durante el mes de octubre.

“La idea del alcalde es que sea una intervención inmediata, pero estamos conscientes de que no se puede ingresar a la fuerza a situaciones que engloban una crisis de todo tipo en estos espacios”, puntualizó la secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo.

Desde esta cartera señalan que han dedicado la última semana a socializar los procesos que deben cumplir los comerciantes autónomos para obtener sus permisos, aunque dejó algo muy en claro: no entregarán más permisos para comercializar dentro del casco colonial. “Los que ya tengan permisos podrán quedarse, pero el resto deberá mover sus actividades a otras administraciones zonales”, indicó Valarezo.

Los ciudadanos que deseen continuar ejerciendo su actividad económica en el espacio público deberán obtener el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA), que les faculta para recorrer la ciudad con excepción del Centro Histórico.

Según Valarezo, si se cumplen con los requisitos, este permiso puede demorar un mes en tramitarse a través de la plataforma web.

A partir de hoy habrá operativos de control en conjunto con la Policía Nacional, y los autónomos que no hayan logrado obtener sus permisos serán retirados del espacio público por las autoridades.

De incumplir con esta disposición, los vendedores serán sancionados con el pago del 50 % de un Salario Básico Unificado, lo que equivale a 200 dólares. Este valor podrá aumentar si el sancionado es reincidente. Los agentes de control estarán autorizados para requisar los productos comercializados.

Sin embargo, existe una alternativa, pues los organismos del Cabildo buscan otros lugares para reubicar a los comerciantes retirados, sobre todo en la infraestructura que ya existe.

Pero el comerciante Humberto Quinchuquí, que viene desde Otavalo todos los días para vender bufandas y tejidos en el casco colonial, comentó que no es fácil conseguir un puesto en un mercado. “Yo he estado averiguando y cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares comprar un puesto. Hay una mafia, hay familias que compran varios puestos y luego eso venden a la gente”, denunció Quinchuquí, para quien el reubicarse en un mercado suena como una propuesta idílica, aunque dice que si pudiera lo haría.

En esto coincide otro comerciante, Manuel Vega quien se muestra preocupado por la disposición. “Estamos queriendo organizarlos para mejor botarle al señor alcalde porque imagínese... ¿nosotros de qué vivimos? Estamos trabajando honradamente”, lamentó.

Hay quienes piensan en la imagen de la ciudad. “Si la restricción es solo en el Centro Histórico, me parece bien. Siento que le daría un realce, orden y uniformidad a la ciudad, sobre todo porque Quito es la Mitad del Mundo, vienen muchos turistas y los turistas se llevarían una mejor impresión”, dijo el ciudadano Axel Guzmán.

Sin embargo, para otros ciudadanos, resulta más importante pensar en el bienestar de sus compatriotas antes que en el turismo. “Hay mucha gente que lamentablemente vive de eso y todos necesitamos buscar una manera de sobrevivir. Para todo hay solución”, opinó Carlos Solís, un jubilado que leía el periódico en la Plaza Grande.

No obstante, los problemas del Centro Histórico van más allá del comercio. “Hay personas que no tienen un empleo fijo, que están en situación de calle, hay trabajo sexual, construcciones ilegales o que rompen el patrimonio arquitectónico, que deberán ser corregidos durante los operativos”, especificó la secretaria de Seguridad.