Una confusión. A eso atribuyó la misiva del Municipio de Quito que recibió Javier Cevallos, coordinador artístico de la fundación Quito Eterno, que le informaba de su inminente desalojo y de una deuda pendiente de más de $ 16.000 por concepto de alquiler.

Pero una breve conversación con los demás residentes del inmueble, chocolateros, orfebres y talladores, reveló que no había confusión alguna: estaban siendo desalojados de la Casa de Artes 989, ubicada en La Ronda, donde habían trabajado desde hacía un promedio de siete años.

¿Por qué? Nadie lo sabía. Tras insistir, los artesanos dieron con una serie de circunstancias administrativas que llevaron a su salida. La historia empezó en 2014 con un plan de recuperación de este sector del Centro Histórico, a cargo de la Secretaría de Turismo.

“Les habían encargado tres inmuebles patrimoniales y surgió la idea de llenarlos con talleres para reavivar el turismo en La Ronda”, explicó Cevallos.

Pero ni Quito Eterno, fundación que lleva 18 años al rescate de las leyendas y tradiciones de la ciudad a través del teatro, ni los artesanos tenían para pagar un alquiler promedio en este sector, por ello llegaron a una serie de acuerdos.

“Nosotros quedamos en pagar la mitad del alquiler y el resto cancelarlo a manera de canje, con presentaciones permanentes y trabajos con la comunidad”, comentó Cevallos. El maestro Germán Campos, uno de los últimos orfebres de la Escuela Quiteña, explicó en cambio, que se comprometieron a pagar las alícuotas y abrir su espacio como museo y taller vivencial para los turistas.

La labor se concretó de aquella manera hasta que, en 2018, Quito Turismo dejó de cobrar lo adeudado. Esto se debió a que la entidad cedió dos de las casas patrimoniales a la Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles, entre ellas la 989. Pero sus residentes no fueron informados del cambio.

“A nosotros nadie nos explicó qué estaba pasando, así que lo que hicimos fue guardar ese dinero, porque en algún momento habría que pagarlo”, señaló Campos.

En junio pasado, dos de las casas, la 989 y la 707, fueron saqueadas por antisociales. Ahí las autoridades indagaron en la situación de los bienes y decidieron resolver la situación. Lo siguiente que pasó fue la notificación del desalojo, que debe cumplirse hasta mañana.

“La Dirección de Bienes Inmuebles nos informó que el tipo de convenio que nosotros habíamos firmado con Quito Turismo no estaba contemplado por la ley, y que debíamos pagar todo lo pendiente, incluso los daños generados por el robo. Nosotros entendemos que la situación que estamos viviendo no es culpa de los funcionarios que están ahí en este momento, pero existe una negligencia administrativa en cómo fue manejado todo este proceso”, estableció Cevallos.

EXPRESO solicitó una entrevista a Quito Turismo, pero el Departamento de Comunicación indicó que la entidad no se pronunciaría hasta el próximo año, pues la se encuentran en cierre de procesos.

Campos considera que lo necesario es una mediación. “Si tenemos que salir de aquí, será difícil que podamos seguir trabajando. Lo ideal sería que, desde la Comisión de Cultura, o desde Quito Turismo se nos apoye con otro espacio. Nosotros hacemos un tipo de obra que ya nadie más hace, que está por desaparecer”, añadió.

Para Cevallos, una extensión del plazo de desalojo sería una ayuda significativa. “Hemos pedido un plazo mayor. Si al menos nos dan noventa días, estaría bien”, dijo.

José Vaca, titular de la Dirección de Bienes Inmuebles, señaló que esa posibilidad se discutirá hoy con los artesanos, al igual que los posibles convenios para que cancelen lo adeudado en un plazo mayor. Acepta que el problema entre el Cabildo y los ocupantes de la Casa de Artes se generó por falta de eficiencia en la gestión de funcionarios anteriores. 

"El convenio terminó en octubre de 2016, pero el proceso de finiquito tomó más de un año y medio. En ese momento se debió notificar a los ocupantes, pues ya no tenían ningún vínculo contractual con el municipio de Quito, desgraciadamente eso no ocurrió, y los artesanos recibieron una promesas verbales donde se les manifestó que el asunto se iba a solucionar. Eso obviamente no pasó y nosotros debemos atendernos a lo que dice la ley", explicó.

La casa, agregó, volverá a la tutela de Quito Turismo, y ellos deberán definir cómo se gestionará el alquiler del inmueble, pero esto se hará con otros ocupantes. 

La gestora cultural Andrea Ocampo, considera que la situación es un indicio de la falta de políticas de apoyo a artistas y artesanos desde el Cabildo. “Está claro que las políticas que existen son insuficientes y no contemplan planes a largo plazo. También se generan dudas sobre cuál es la situación legal de los otros inmuebles patrimoniales de la ciudad”, señaló.

De estos, Quito tiene 884. Ochenta y tres son de uso público, pero su distribución y administración se desconoce.